La contratación de la Junta alcanzó su récord histórico en 2024, con 1.487 millones de euros

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La contratación administrativa de la Administración General e Institucional de Castilla y León alcanzó en el ejercicio 2024 su máximo registro histórico tras adjudicar un total de 2.922 expedientes por un importe conjunto de 1.487 millones de euros, lo que supone un incremento del 12 por ciento en el volumen económico respecto al año anterior, según recoge el informe aprobado por el Pleno del Consejo de Cuentas.

La cifra global de adjudicación ha superado en un millón de euros la cota registrada en 2006, previo al inicio de la crisis internacional, aunque el número total de expedientes ha registrado un descenso del 5 por ciento.

Por organismos, la Gerencia Regional de Salud se ha situado como la entidad con mayor actividad al tramitar 1.055 contratos por 892 millones de euros, seguida por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, con 125 expedientes valorados en 138 millones.

Por tipología, los contratos de servicios han sumado 836 millones de euros, los de suministros 390 millones y los de obras 256 millones, siendo el procedimiento abierto la principal modalidad de adjudicación, con 984 millones, y la tramitación ordinaria la más utilizada, con 1.400 millones. Fuera de esta fiscalización, los contratos menores y aprobaciones de gasto han alcanzado 21.474 anotaciones por 102 millones.

El órgano fiscalizador ha determinado en su opinión que la Comunidad ha cumplido razonablemente con la legalidad aplicable en materia de remisión de contratos, publicidad, transparencia y actuaciones de las distintas fases de tramitación, aunque ha advertido de diversas salvedades tras analizar una muestra de 150 expedientes.

DEFICIENCIAS

Entre las deficiencias detectadas figura la falta de publicación de informes técnicos de valoración en 15 contratos, la omisión del anuncio de adjudicación o formalización en 10 expedientes sujetos a regulación armonizada y la falta de justificación en la tramitación de urgencia en siete casos.

Asimismo, el informe ha constatado una incorrecta determinación de los parámetros para identificar ofertas anormalmente bajas en 29 contratos, indicios de posible actividad concertada entre tres empresas en un expediente y falta de motivación en las puntuaciones asignadas a criterios juicios de valor en cuatro casos.

En la fase de ejecución, se ha observado la ausencia de mecanismos de comprobación de condiciones especiales sociales o medioambientales en 56 expedientes, la falta de imposición de penalidades en cuatro y retrasos o paralizaciones injustificadas en 16 contratos.

Finalmente, el documento ha reseñado la falta de acta de recepción formal en 12 expedientes durante su fase de extinción, así como el abono de anticipos a cuenta sin cumplir los requisitos preceptivos en siete casos.

Para subsanar las deficiencias y evitar incidencias en los futuros procedimientos de gestión contractual de la Administración autonómica, el Consejo de Cuentas ha formulado un total de 14 recomendaciones.