PP y Cs piden ampliar la investigación sobre residencias "a todos" para que sea "aséptica y no parcial"

VALLADOLID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos no se opondrán finalmente a la creación de la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de Castilla y León en la pandemia del coronavirus, cuya solicitud fue registrada el pasado 29 de abril por el Grupo Socialista, por la mayor parte del Mixto --faltó la firma de VOX que sí apoya la medida-- y por la procuradora no adscrita María Montero.

No obstante, los dos grupos que sustentan al Gobierno conjunto de Castilla y León ha registrado este mismo martes, antes de que expirase el plazo para pronunciarse en contra de la petición de la oposición, la creación de otra comisión de investigación "más ambiciosa" que busca ampliar el objeto de análisis "a todos", con la vista puesta en el Ejecutivo central, para que sea "aséptica" y no "intencionadamente parcial e insuficiente" como, a su juicio, ocurre con la que ha impulsado el PSOE apoyado ahora por una "tránsfuga" en un acto de "absoluta corrupción parlamentaria", como ha recriminado el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz.

La voluntad de PP y de Ciudadanos con el registro hoy de la nueva solicitud de creación de una comisión de investigación sobre las residencias es que, de ser aceptada por el resto de los grupos, se integre en la que se va a dar por creada ya por el "silencio administrativo" que supone la falta de oposición de los dos grupos que sustentan a la Junta y que ya no cuentan con mayoría absoluta, a diferencia de lo que ocurrió en diciembre cuando pudieron frenar el primer intento de investigar lo ocurrido en las residencias autonómicas.

PP y Ciudadanos, que ya han adelantado hoy que no descartan pedir las comparecencias del exministro de Sanidad Salvador Illa y del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, los dos fuera del Ejecutivo de la nación, rechazan cualquier intento de hacer uso de la desgracia sufrida y apelan al "rigor y objetividad" para añadir en su propuesta conceptos como la "cogobernanza" tras la declaración del estado alarma y la "coordinación administrativa".

El título de la comisión sería: "Comisión de investigación sobre la gestión del COVID en Castilla y León, medidas y decisiones adoptadas para minimizar su impacto en las residencias de Castilla y León, modelo de cogobernanza surgido de la declaración del estado de alarma, coordinación administrativa en la lucha contra el COVID. Gestión y actuaciones realizadas en los centros de servicios sociales de carácter residencial en la comunidad autónoma ante la pandemia de COVID19" --esta última frase es la del título de la comisión que ha pedido la oposición casi en bloque--.

"Si queremos, podemos", ha reivindicado el portavoz del Grupo Popular que, a preguntas de los periodistas, no ha dudado en reconocer que el objeto de la investigación que piden integrar ahora PP y Ciudadanos es "muy ambicioso" ya que incluye tareas de investigación que, a su juicio, tendría que haber realizado el Congreso de los Diputados, donde el PSOE se opuso a investigar lo ocurrido en las residencias, y que, de haberse llevado a cabo, ahora sólo habría que pedir las actas desde las Cortes.

"Ya que no se quiere conocer en el Congreso de los Diputados vamos a intentar conocerlo aquí", han sentenciado los proponentes que están a la espera ahora del pronunciamiento del resto de los grupos a su petición de integración de los nuevos ámbitos de investigación, que saldrá adelante si hay silencio administrativo o será debatido en el Pleno si votan en contra.

En este sentido, han advertido al PSOE de que no contará con mayoría para oponerse a la integración que piden PP y Ciudadanos ya que, aunque aseguran que no han hablado con los procuradores de otros partidos, no dudan de la "sensatez" de los representantes de Por Ávila, de VOX y de UPL, para añadir: "Nos da lo mismo lo que opine la tránsfuga".

"Que sea completa. No basta con conocer la actuación de la Junta de Castilla y León sino todos los factores que propiciaron los altos índices de contagios y las actuaciones que se adoptaron antes y durante la pandemia para evitar los contagios", ha resumido De la Hoz que ha recordado a modo de ejemplo que el Gobierno de la nación prometió que iba a llegar material de protección que "durante un tiempo no hubo" a lo que ha unido la imposibilidad de la Junta de adquiririr esos equipos porque la compra estaba centralizada por el mando único.

Para Castaño, "la clave" de esta investigación está en conocer qué pasó en España antes de la declaración del primer estado de alarma, cuando se aplicó el mando único y cuando se sufrió "el mayor pico" de casos de coronavirus en todo el país, y ha recordado a modo de ejemplo que unos días antes se llegaron a suspender las clases en los colegios de Madrid lo que determinó que muchas familias llevaran a sus hijos a los pueblos de Castilla y León con sus abuelos.

Castaño se ha reafirmado en que ese hecho es una muestra de la "mayor ceremonia de la desinformación" que vivía España en marzo de 2020 y, tras aclarar que no pretendía "culpar a nadie", se ha mostrado convencido de que hay "mucha gente del Ejecutivo" que debería pasar por la comisión de investigación de las Cortes de Castilla y León.

Los portavoces de los grupos Popular y Ciudadanos han admitido también que no son partidarios de crear la comisión de investigación, por lo no habrían registrado su petición en otras circunstancias, y han apelado en todo momento al Pacto por la Reconstrucción de Castilla y León firmado el 17 de junio de 2020 por casi todo el Parlamento --faltaron VOX y UPL-- que contemplaba la elaboración de un informe que se sustanció en un "completo documento" de más de 200 páginas que, según ha reprochado, fue despreciado por los socialistas, incluso antes de su presentación, han asegurado.

PP y Ciudadanos basan su petición en cinco argumentos concretos que pasan por analizar primero el contexto en el que se ha producido la pandemia, las medidas preventivas adoptadas por las administraciones públicas, y las actuaciones de estas previas a la declaración del
estado de alarma.

En segundo lugar, piden analizar la propia declaración del estado de alarma y el modelo de gobernanza que surgió del mismo en relación con la gestión de las residencias y el sistema sociosanitario, las competencias del Gobierno y sus actuaciones y las de las comunidades autónomas y sus actuaciones. "En especial, en este punto habrá de valorarse el grado de coordinación de las distintas administraciones en la lucha contra el COVID, y la eficacia de las decisiones adoptadas", añaden.

En tercer lugar, creen importante conocer cuál ha sido el impacto de la pandemia en las residencias de todo el mundo y en las de otras comunidades autónomas de España para analizar después, por un lado, el impacto en las residencias de las decisiones adoptadas por los estados y las comunidades autónomas, y por otro, cómo han afectado los contagios
en las residencias considerando los diferentes modelos de atención a personas mayores existentes.

La cuarta petición contempla analizar la situación específica de las residencias de Castilla y León durante la pandemia, a partir del conocimiento de la realidad del sistema residencial de la Comunidad, y la quinta prevé entrar a conocer las actuaciones desarrolladas por
la Junta de Castilla y León para luchar contra el COVID-19 en las residencias.

"Sólo, después, tendremos la posibilidad de extraer unas conclusiones no sesgadas tanto de lo acaecido en Castilla y León en relación con la gestión de la pandemia, como especialmente en las residencias de nuestra Comunidad. Sólo así podremos también, evaluar adecuadamente lo sucedido para, después, proponer la adopción de todas aquellas medidas que sean necesarias para que la organización administrativa esté preparada, en un marco de cogobernanza, para afrontar en el futuro crisis de estas características y dimensiones", concluyen en su petición.