VOX ve insuficientes soluciones para la conectividad y PP y Cs consideran que la respuesta de Educación ha sido ágil y adecuada
VALLADOLID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Socialista ha criticado que la Consejería de Educación no haya buscado consenso con la comunidad educativa, Gobierno y comunidades autónomas y los grupos parlamentarios ante las medidas a tomar frente a la pandemia de COVID-19 y ha reclamado que se convoque al Consejo Escolar, al tiempo que ha reclamado que se mire por los intereses del alumnado de la Comunidad y no por los que marca en el ámbito nacional el PP.
Así se ha expresado el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Educación, Fernando Pablos, en el marco de la comparecencia de la consejera del ramo, Rocío Lucas, para explicar las medidas de su departamento ante la COVID-19, en la que además el procurador del PSOE ha ofrecido su colaboración y mano tendida al acuerdo.
A este respecto, Pablos ha incidido en la situación "excepcional" que ha generado la pandemia, con una docencia por vía telemática, algo a lo que la comunidad educativa se ha adaptado sin experiencia anterior.
Sin embargo, cree que la toma de medidas requería del consenso con la comunidad educativa, el Gobierno y las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios para ver las condiciones que se iban a establecer. "No ha logrado ninguno de los tres", ha señalado Pablos, quien ha afirmado que profesorado, asociaciones de padres y estudiantes han tenido sensación de haberse sentido "ignorados" estas semanas.
Así, ha afeado a la consejera que no se convocara a los representantes del profesorado de cara a la Conferencia Sectorial celebrada el día 15 de abril y considera "imposible de entender" que en dos meses no haya habido "ni un solo día" para reunir al plenario del Consejo Escolar, aunque la consejera ha señalado que esto no ha sido posible por la falta de renovación de algunos de sus miembros y sí se ha hecho con las comisiones permanentes de este órgano.
Pablos ha afirmado que la Consejería está "aún a tiempo" y cree que hay que pactar con los representantes del profesorado varios aspectos como las condiciones en las que se haría si se vuelve, cómo será el inicio del curso, cómo se llevará a cabo el refuerzo en julio, etcétera.
En este contexto, el procurador socialista ha reclamado también formación en el uso de las tecnologías y la enseñanza a distancia por si "en el futuro" tuviera que volver a ser utilizada.
La búsqueda de consenso, ha añadido Fernando Pablos, cree que también debe extenderse a la prueba de acceso a la universidad, la EBAU, y fijar cómo organizar estas cuestiones.
El procurador ha pedido a la consejera que se acuerden todas estas cuestiones y ha afirmado que estarán "a su lado" si lo hacen, pero ha pedido que si es así, "cumplan", no como se ha hecho con la implantación de la jornada de 35 horas.
Pablos ha pedido que se dejen al margen los partidismos y ha afeado a la consejera que se haya hecho "más caso" a Pablo Casado y al PP y se haya seguido decisiones que anteriormente han tomado comunidades gobernadas por los "populares".
El portavoz socialista ha trasladado a la consejera la petición de los ayuntamientos de ser "correponsables" con ellos, ya que se han portado de forma "excepcional" con las escuelas infantiles y tienen dificultades por los gastos ocasionados sin obtener ingresos.
Precisamente Pablos ha criticado esta falta de corresponsabilidad con los trabajadores de los servicios de conciliación, transporte escolar y los comedores, servicios que dejaron de pagar, con empresas que no tienen posibilidad de acogerse a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y se encuentran en una situación "límite" y necesitan una respuesta.
Por su parte, el procurador de VOX y portavoz del Grupo Mixto en la Comisión, Jesús García-Conde, tras agradecer el esfuerzo de la comunidad educativa para adaptarse a la nueva situación, reconocimiento que han hecho todos los grupos, ha señalado también el realizado por las familias, al tener que compatibilizar las obligaciones profesionales con las que ha supuesto la formación telemática, además del económico que haya podido suponer contar con los medios tecnológicos necesarios.
Dicho esto, el procurador de VOX ha criticado la falta de soluciones a la conectividad, con algunos municipios de Castilla y León conocidas como "zonas blancas", sin acceso a internet o de manera muy débil, lo que ha supuesto que incluso haya habido profesores que han ido "de puerta en puerta a llevar deberes". Así, considera que no son suficientes 8.000 tarjetas SIM repartidas porque lo que "urge" es que la Junta solucione el asunto de la conectividad.
Asimismo, el portavoz del Grupo Mixto ha apuntado las "muchas contradicciones" entre los gobiernos autonómicos y el central, que ha dejado que algunas regiones dicten sus propias normativas, lo que finalmente supone que haya diferencias entre alumnos de unas y otras autonomías.
Además, considera que se ha dado una visión de "incertidumbre y falta de previsión", con declaraciones contradictorias, y ha asegurado no entender por qué no se cerraron los colegios hasta el 16 de marzo en Castilla y León cuando en Madrid se hizo el día 11.
También ha expresado preocupación por la falta de planificación ante cuestiones como el acceso de alumnos al nuevo curso, "que está a la vuelta de la esquina", y espera que no se delegue en la Inspección, lo que perjudicaría la libertad de elección de centro. Finalmente, ha reclamado que no se ponga en las manos de los profesores la responsabilidad de las medidas sanitarias que necesitarán tomarse entre los niños de hasta seis años o que se estudie cómo se conciliará cuando empiece el nuevo curso si se hace con algunos alumnos en casa.
BUENA GESTIÓN
Por su parte, tanto el Grupo Popular como el de Ciudadanos han alabado la actuación de la Consejería de Educación, que consideran que ha sido adecuada y han valorado tanto esfuerzo del departamento como el de la comunidad educativa en su conjunto.
En concreto, la procuradora 'popular' Carmen Sánchez Bellota, se ha actuado con "decisión", "coordinación" y "eficiencia" y considera que Castilla y León a "estado a la altura" en un esfuerzo "sin precedentes.
Así, ha apuntado que se ha llevado a cabo la adaptación necesaria para hacer el "menor daño posible" y enseguida se han puesto en marcha medidas para 350.000 alumnos y más de 34.000 profesores que se han adaptado a la nueva situación, mientras ha reconocido que las familias se han visto "desbordadas".
La procuradora ha destacado que se hayan solucionado rápidamente los problemas de conectividad que hubo al principio y ha señalado que se ha actuado "con agilidad, con medidas concretas, poniendo a disposición centros educativos herramientas para continuidad".
De la misma forma, ha valorado la respuesta dada para el mantenimiento de las actividades formativas, ha agradecido el esfuerzo para no perjudicar a los alumnos en la EBAU o para mantener las actividades formativas.
Sin embargo, ha expresado preocupación con la vuelta a los centros, que no sabe si está planificada, coordinada y pactada con las comunidades autónomas.
En una línea similar se ha expresado la procuradora de Ciudadanos Marta Sanz, quien considera un "acierto" el reparto de SIM, la coordinación mantenida o aspectos como la flexibilidad con las universidades.
De cara al final de curso, Sanz ha expresado su preocupación por los mensajes contradictorios y las diferencias en las condiciones de promoción y obtención de títulos y ha abogado por mantener el principio de igualdad de oportunidades de todo el alumnado.
Por otro lado, de cara al inicio del próximo curso, ha propuesto que se pueda aprovechar o usar las escuelas rurales para que, por ejemplo, alumnos de ESO que se desplazan a institutos en localidades más grandes puedan mantener las condiciones de seguridad.
