Suárez-Quiñones apunta a una mayor progresividad en las ayudas al alquiler y recuerda que los recursos "son finitos"

   El consejero defiende sus sistema frente al bono joven del Gobierno, que considera un intento de "yo invito y tú pagas"

   VALLADOLID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El consejero de Vivienda y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado este miércoles el "relevante esfuerzo" que se lleva a cabo con las subvenciones al alquiler, que han ascendido en su convocatoria de 2023 a 40.662.007,40 euros y han llegado a 18.456 beneficiarios, al tiempo que ha apuntado a que en próximas ediciones se apostará por una mayor progresividad.

   El representante 'popular' ha ofrecido una rueda de prensa este miércoles, acompañado por la directora general de vivienda, María Pardo, y la delegada territorial en Valladolid, Raquel Alonso, una vez la Tesorería de la Junta ha autorizado los pagos de las ayudas, que se resolvieron hace algo menos de dos semanas, momento en el que ha recordado que no se compareció para informar sobre el asunto debido a que estaba vigente el período de campaña electoral para las europeas del pasado 9 de junio.

   Suárez-Quiñones ha repasado los datos que ha dejado esta convocatoria, en la que se presentaron 27.287 solicitudes, 2.566 más que en 2022, y de ellas se han concedido ayudas a 18.456 beneficiarios, 4.179 más que en la anterior edición, y lo que supone que se han aceptado un 67,6 por ciento de las solicitudes.

   Las casi 8.831 que no se han concedido, el consejero ha defendido que no se trata de que se haya "dejado fuera a nadie", sino que o bien no han cumplido los requisitos recogidos en las bases por distintos motivos (7.057); o bien han desistido durante la tramitación (1.425); o han sido inadmitidas por llegar fuera de plazo (48), o se trataba de solicitudes acumuladas (301); o duplicadas (70).

   El presupuesto de la convocatoria ha ascendido finalmente a más de 40 millones de euros, aunque el presupuesto inicial eran 19,72 millones de euros procedentes del Plan Estatal de Vivienda, financiados mayoritariamente por el Ministerio, con 15,09 millones y también por la Junta, con 4,63 millones.

   Pero, como sucede en los últimos años, la Junta de Castilla y León añade un presupuesto adicional para llegar a todos los beneficiarios cuya solicitud se ha autorizado, en este caso de 20,94 millones de euros, por lo que finalmente se ha más que duplicado la cuantía inicial y la Junta ha aportado el 62,9 por ciento del total, mientras que el 37,1 restante ha llegado del Ministerio.

   El consejero ha destacado el "esfuerzo" que se lleva a cabo para estas ayudas, con una cuantía económica "muy relevante", y ha aseverado que Castilla y León es "la única comunidad no foral que da esta ayuda de manera universal", algo que considera "muy destacable" si bien ha advertido de que "no se puede escalar" de manera permanente ya que los recursos son "finitos".

   Por ello, Suárez-Quiñones ha apuntado que en próximas convocatorias se estudiarán modificaciones, entre las que posiblemente podría estar una mayor progresividad para las personas que menos ingresos tengan, sin concretar si cabe la posibilidad de ampliar el límite máximo de las rentas que entran en la subvención, fijado en 550 euros al mes, ante el encarecimiento del mercado del alquiler.

   La cuantía media de estas ayudas es de 2.203 euros --147 euros y un 7,15 por ciento más que en 2022--, teniendo en cuenta que el porcentaje de la cuota de alquiler que se sufraga con la subvención varía en función de distintos aspectos. Así, es del 50 por ciento con carácter general, del 60 por ciento si los beneficiarios son jóvenes de menos de 36 años y el 75 por ciento para jóvenes cuya vivienda está en municipios rurales y personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

   Los jóvenes que han percibido el Bono Alquiler Joven del Gobierno de España reciben hasta el 40 por ciento de la diferencia entre la renta y 250 euros con un límite del 75 por ciento.

   A este respecto, Suárez-Quiñones ha insistido en que descartan suplementar esta ayuda porque consideran que fue "ideada por el Gobierno de España a espaldas de las comunidades autónomas", además de definirla como "desorganizada, sin ningún tipo de concierto" y "sin presupuesto suficiente del Gobierno", pues asevera que "tres de cada cuatro" solicitantes se han quedado sin ayuda.

   De hecho, ha apostillado, ante las reclamaciones de la oposición en las Cortes para que la Junta complemente estas ayudas, que "no puede ser el yo invito y tú pagas" y ha defendido el sistema de subvenciones de la Junta.

   Suárez-Quiñones ha asegurado que el pago se llevará a efecto en las próximas dos o tres semanas y ha señalado que 5.594 beneficiarios son jóvenes de menos de 36 años (30,3 por ciento del total), de los cuales 3.550 son mujeres y 2.044 son varones.

   En términos generales, las mujeres representan casi un 60 por ciento del total, con una cifra de 10.999 beneficiarias, frente a 7.457 varones (40,4 por ciento).

PROCEDENCIA DE LOS BENEFICIARIOS

   Asimismo, ante una pregunta de los periodistas, Suárez-Quiñones ha aportado datos sobre la procedencia de los beneficiarios, que han sido de nacionalidad extranjera en 13.966 de los casos, lo que representa un 24,44 por ciento, porcentaje que se reduce ligeramente con respecto a 2022 (24,87 por ciento) y 2021, cuando se superó el 29 por ciento.

   Otros datos que ha destacado el consejero han sido la concesión de subvenciones en el medio rural, ya que en 2023 se han concedido 3.905 ayudas en municipios de ese ámbito de un total de 6.087 solicitudes, lo que representa un 64,15 por ciento; mientras que en 2022 fueron 2.860 beneficiarios, que representaban el 52,63 por ciento de los solicitantes.

   Otros apuntes de Suárez-Quiñones han sido las 106 ayudas para alquiler de habitaciones, una modalidad que se incluyó como novedad; las 3.281 a familias en las que hay al menos una persona con algún tipo de discapacidad; o las 177 para situaciones de "vulnerabilidad sobrevenida", que implica que sus ingresos se han reducido un 20 por ciento en un breve periodo de tiempo.

   Por provincias, en Ávila se han concedido 1.344 ayudas por un total de 2.580.000 euros; en Burgos 2.233 ayudas por 5.172.694 euros; en León 3.639 ayudas por 7.446.394 euros; en Palencia 1.220 ayudas por 2.562.892 euros; en Salamanca 2.812 ayudas por 6.513.442 euros; en Segovia 1.195 ayudas por 2.686.228 euros; en Soria 581 ayudas por 1.204.394 euros; en Valladolid 4.352 ayudas por 10.353.724 euros y en Zamora 1.080 ayudas por 2.141.277 euros.

   El consejero ha subrayado que este año se han podido resolver y pagar todas las ayudas "con un mes de antelación al plazo" que era de seis meses, y también ha incidido en que buena parte de los solicitantes no han tenido que aportar los recibos junto a la solicitud, con lo que se ha reducido la carga administrativa.

   Por todo ello ha querido felicitar el "esfuerzo considerable" por parte del personal de la Junta, con asistencia técnica de Somacyl, en un equipo formado por unas 30 personas.

   Después del verano se lanzará la nueva convocatoria, para subvencionar los alquileres del año 2024, con unas nuevas bases, que podrían o no modificarse.