BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) ha alertado de un "posible abuso" de la contratación pública de suministros y servicios por la vía de emergencia en el actual contexto de lucha contra el coronavirus.
En este sentido, ha afirmado que la generalización por parte de las administraciones públicas, incluidas las entidades locales, del uso del procedimiento de emergencia "sin suscitar de manera suficiente la concurrencia y la transparencia conlleva graves riesgos para la competencia y el interés general", ha informado en un comunicado este martes.
"Atendiendo a estos riesgos y a una situación general de emergencia que ha disminuido últimamente, se propone la derogación de las normas de los gobiernos catalán y español que habilitan con carácter general la contratación vinculada al Covid-19 mediante el procedimiento de emergencia", ha planteado.
En este sentido, ha recomendado a todas las administraciones emplear el procedimiento de contratación de emergencia únicamente cuando sea imprescindible y "potenciar al máximo" la publicidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
La Acco ha recordado que la pandemia ha comportado que las administraciones públicas hayan tenido que efectuar compras y aprovisionamientos de emergencia con "gran celeridad", si bien no ha cuestionado la relajación de las normas de contratación pública para permitir a los compradores públicos satisfacer las necesidades más urgentes, como las del ámbito sanitario.
Sin embargo, afirma que se han detectado contratos por parte de todas las administraciones públicas que "por su objeto y alcance se encuentran lejos de ser considerados como suministros de bienes o servicios que deban ser provistos de manera extremadamente urgente" para afrontar consecuencias vinculadas a la emergencia sanitaria.
Ha advertido de que los riesgos que conlleva el uso generalizado del procedimiento de emergencia son, entre otros, la falta de justificación y trazabilidad de las decisiones públicas, la discriminación entre operadores económicos, el sobrecoste en términos económicos y de calidad y la falta de transparencia y publicidad.
Por ello, ha recomendado a todas las administraciones emplear el procedimiento de emergencia sólo cuando sea imprescindible y optar, siempre que sea posible, por simplificar y acelerar la tramitación de los expedientes de contratación recurriendo a procedimientos abiertos tramitados de urgencia en lugar de emergencia.
