Asegura que el gobierno actúa de forma "preventiva" para detectar si promotores cumplen el 30%
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
La primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha asegurado este lunes que el gobierno irá textualmente hasta las últimas consecuencias para que los promotores cumplan la medida de la reserva del 30% de vivienda protegida en la ciudad: "Todos los expedientes abiertos siguen vivos y con posibilidades de acabar en sanción".
Lo ha dicho en declaraciones a la prensa, después de que el 'Ara' haya publicado este mismo lunes que el Ayuntamiento habría renunciado a cobrar las multas por los expedientes abiertos por incumplir la reserva del 30%.
Bonet ha cifrado en 9 los casos detectados por los servicios de inspección que están en fase de restitución, salvo uno --ubicado en la calle Castillejos 242--, del cual el Ayuntamiento ha obtenido una sentencia favorable y sobre el que los equipos ya están preparando un procedimiento sancionador para hacer cumplir de forma "estricta" esta normativa.
De hecho, el ejecutivo ha optado primero por la restitución de la legalidad urbanística --es decir, que constructores pidan el permiso de obras correspondiente--, y en caso contrario sancionar posteriormente.
Bonet ha expresado que, cuando el ejecutivo tenga la certeza jurídica de que realmente se ha producido un incumplimiento --una decisión que se obtiene en el final de procedimiento de restitución--, se actuará para aplicar la sanción correspondiente, y ha destacado que el consistorio trabaja de forma "preventiva" para verificar si determinadas obras de rehabilitación escapan o no del 30%.
"SEGURIDAD JURÍDICA"
La responsable de Urbanismo ha explicado que la macroinspección que se realizó en 2022 --entonces bajo el liderazgo en el Ayuntamiento de BComú-- se detectaron 9 casos, y ha manifestado que los Comuns decidieron en 5 de ellos proceder con la sanción sin tener en cuenta antes el proceso de restitución, una acción que Bonet cree que no daba suficiente "seguridad jurídica".
El Ayuntamiento encargó un informe a los servicios jurídicos para analizar la situación de estos cinco informes, que se acabaron archivando porque tardó más de un año en estar listo, y el proceso ya había caducado.
No obstante, Bonet ha asegurado que estos 5 casos, en los que los Comuns actuaron de forma paralela en el proceso de restitución y el sancionador, el ejecutivo actuará en base a la resolución correspondiente cuando sea el momento y afirma que no se ha dejado nada atrás: "Todo está en el momento en el que tiene que estar".
PROTOCOLO
Bonet ha puesto en valor que el Ayuntamiento haya elaborado un protocolo que permita actuar con prevención para actuar de forma anticipada, y ha añadido que en 2024 los servicios de inspección han cruzado 2.500 actuaciones --aproximadamente 300 al mes-- que se distribuyen a los distritos correspondientes.
A partir de aquí, los servicios de distritos se encargan de verificar si los permisos de obras van acorde a la realidad física de la transformación que se lleva a cabo en el edificio en cuestión.
"Reitero que este gobierno tiene la firme voluntad de hacer cumplir la normativa vigente del 30% y es lo que estamos haciendo. No solo con caso abiertos en el pasado, sino cada día, a través de un protocolo que nos permite anticiparnos", ha concluido.