BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, ha defendido la legalidad de la decisión de que el ente supramunicipal declare el IRPF de sus trabajadores a la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), y se ha comprometido a asumir la responsabilidad --y no el empleado de forma individual-- de los recargos económicos si la declaración no llega en el plazo legal a la Hacienda estatal.
En respuesta a una pregunta de C's en el pleno de la Diputación de este jueves, Conesa ha señalado que la declaración del IRPF la asume "siempre la empresa", y ha explicado que su intención es llevar a cabo este proceso de forma ordenada y con garantías.
El portavoz de C's en la corporación provincial, Salvador Tovar, ha explicado que UGT solicitó un informe sobre la seguridad jurídica de esta práctica a la Diputación por la "inquietud" de algunos empleados, una petición sobre la que Conesa ha asegurado que no tiene constancia.
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