Se investigan en la ciudad dos redes con víctimas menores de edad forzados a vender droga
BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Barcelona ha detectado un aumento de casos de trata de seres humanos para la mendicidad o para la explotación laboral, ante lo que la fiscal delegada de Extranjería, Pilar Izaguerri, ha advertido de que el coronavirus puede agravar la situación: "Cuanto peores son las circunstancias, mayor es la facilidad de abusar de otros".
Desde hace dos años se investigan los delitos de trata más allá de la destinada a la explotación sexual (de los que hay una treintena de casos abiertos en la capital catalana), entre ellos dos casos de personas que eran engañadas para venir desde Rumanía y les forzaban a mendigar: uno fue sentenciado el año pasado y el otro está pendiente de juicio.
En cuanto a la trata para explotación laboral, Izaguerri ha advertido de "muchos centros de trabajo, clandestinos o no" con condiciones de trabajo y salubridad ilegales, algunos con trabajadores víctimas de trata, aunque estos casos no se han judicializado tan a menudo y ahora solo hay un caso abierto en fase de instrucción.
"Hay investigaciones en centros de trabajo en que se puede evidenciar cierta explotación. Pero acreditar que detrás de esta explotación hay trata está siendo muy complicado", ha lamentado la fiscal ante la dificultad de demostrar engaños para emigrar.
Por eso, Izaguerri propone adoptar en materia laboral una fórmula similar al Plan integral contra la trata para explotación sexual, con "un instrumento que aúne la detección de trata con fines de explotación, más aún con la pandemia", que prevé que puede agravar la situación.
En cuanto a la trata de seres humanos para forzarles a delinquir, hay dos investigaciones judiciales abiertas contra dos redes con víctimas menores de edad a quienes han forzado a vender droga en Barcelona.
1.500 PERSONAS AL CIE EN 2019
Durante 2019 ingresaron en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona 1.059 personas, de las que 676 fueron deportadas, con casi la misma cantidad de internos con y sin antecedentes (51,28% y 48,72%).
El año pasado se liberó a 12 internos tras comprobar que eran menores de edad, de los 66 que lo manifestaron, y la cantidad de personas internadas en el CIE bajó respecto a 2018, cuando hubo 1.186.
En cambio, sí que han aumentado durante los tres últimos años las órdenes judiciales de ingreso al CIE, lo que Izaguerri achaca a una mayor llegada de migrantes en situación irregular, y al preguntársele si también han influido los operativos policiales conjuntos en Barcelona ha valorado que "puede ser un criterio, pero no exclusivo".
