Capella ve "injustificado" el refuerzo del dispositivo de seguridad de los juzgados catalanes
BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha informado este jueves de que su departamento ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno por la discriminación del catalán en las pruebas de selección de funcionarios en los juzgados catalanes.
Así lo ha explicado la consellera en la Comisión de Justicia del Parlament, que ha criticado que el Ministerio de Justicia haya incorporado el conocimiento de lenguas extranjeras en una lista de méritos puntuables en la prueba para 2.500 nuevos funcionarios pero haya "obviado" el catalán.
En los criterios establecidos por el Ministerio para acceder al cuerpo de funcionarios, el catalán no está entre los requisitos ni méritos, por lo que Capella ha lamentado que "la lengua propia y oficial tiene menos consideración" que las lenguas extranjeras, como el alemán y el danés.
Ha afeado al Ministerio que dirige Dolores Delgado que las lenguas cooficiales continúen sin ser necesarias para presentarse a unas oposiciones a la Administración de Justicia, y ha recordado que actualmente solo el 7,7% de las sentencias se escriben en catalán, lo que para ella es una "situación de emergencia".
Según ha informado la Conselleria, los aspirantes a las oposiciones hacen un examen inicial y, en caso de aprobar, acceden a la fase de méritos en el que el Ministerio de Justicia puntúa el conocimiento de lenguas extranjeras, junto con otros títulos, grados académicos y cursos.
El Govern ha interpuesto este recurso después de enviar un requerimiento al Ministerio para pedir que el catalán puntuara, y que éste se negara para garantizar las mismas condiciones de igualdad, mérito y capacidad de todos los aspirantes en todos los ámbitos territoriales.
ESTADO DE LOS JUZGADOS
En su comparecencia, la consellera ha considerado "injustificado" el refuerzo del dispositivo de seguridad en los juzgados catalanes, conocido como el dispositivo Toga, que representa la movilización de 400 efectivos de los Mossos d'Esquadra, si bien ha reiterado que no comparten las acciones de protesta realizadas por los CDR ante los juzgados, donde en varias ocasiones se han lanzado excrementos.
Capella, en su comparecencia, ha reclamado que la Generalitat pueda recaudar las tasas judiciales que suponen 60 millones de euros anuales, y los rendimientos de las consignaciones y fianzas judiciales, que ahora cobra el Estado, y ha lamentado que éste no financia los órganos judiciales en Catalunya pero recauda las tasas.
Ha resaltado que la Generalitat destina a la Administración de Justicia 500 millones de euros anuales a cargo de los impuestos de la ciudadanía de Catalunya.
Ha lamentado que la ratio de jueces en Catalunya es de 10 por cada 100.000 habitantes, cuando en el conjunto de España es de 11, por lo que el Estado debería crear 70 nuevos juzgados: "Catalunya está lejos del nivel que le correspondería".
También ha recordado que el Estado ha aprobado la creación de 26 nuevos juzgados en Catalunya con un impacto de 15 millones de euros que deberá pagar la Generalitat, y ha indicado que lo harán "a pulmón" como siempre.
Sobre el estado de los juzgados, la consellera ha hecho hincapié en que, de 100 equipamientos judiciales, la mayoría en edificios y modernos, solo cuatro están en una situación crítica: Tarragona, Sabadell, Gav y Martorell (Barcelona).
