BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha anunciado este jueves que la Generalitat se compromete a impulsar una ley del tercer sector que reconozca a las entidades sociales como "servicio público" y garantice su viabilidad económica más allá de las subvenciones.
Lo ha afirmado en una rueda de prensa tras la reunión que han mantenido en el Palau de Pedralbes de Barcelona diversos miembros del Govern, representantes del mundo local, el síndic de Greuges, Rafael Ribó, y los dirigentes de las entidades que conforman la Taula d'Emergència Social, que ha presentado sus propuestas para hacer frente a la crisis económica y social del coronavirus.
La Taula se constituyó el pasado 11 de junio con la voluntad de abordar la urgencia asistencial y hacer recomendaciones a las administraciones en el contexto de la pandemia, y está formada por las entidades Amics de la Gent Gran, Banc dels Aliments, Càritas, Creu Roja, Dincat, Fundesplai, Sant'Egidio y la Taula del Tercer Sector.
En la reunión también han participado el vicepresidente Pere Aragonès; el conseller de Educación, Josep Bargalló; el de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, y el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir El Homrani; así como los presidentes de las Diputaciones de Girona, Lleida y Tarragona: Miquel Noguer, Joan Talarn y Noemí Llauradó.
UNA LEY DEL TERCER SECTOR
El Síndic de Greuges y la Taula d'Emergència Social presentaron el pasado 30 de junio una declaración a los grupos parlamentarios con las medidas que consideraban que deberían implementarse para hacer frente a la situación sanitaria, social y económica; y que incluían la petición de una futura ley del tercer sector.
Este jueves, además de presentar las medidas a corto plazo que proponen para atajar la crisis del Covid-19, las entidades han vuelto a pedir al Govern un financiamiento "transparente y suficiente", y medidas para que las organizaciones puedan seguir con su actividad sin depender de subvenciones ni contribuciones privadas; a lo que el ejecutivo ha respondido hoy positivamente, según Ribó.
"Hemos pedido que se reconozca el papel de las entidades, la interlocución que pueden ejercer, una legislación que les de un papel dentro del sistema público y que se tenga previsión en los presupuestos de la financiación de sus actividades. La respuesta ha sido de un diálogo muy positivo y se han expresado compromisos", ha expresado.
Durante el encuentro, el Govern se ha comprometido ante la Taula a dotar económicamente las distintas medidas de choque contra el Covid-19 reclamadas por las entidades, pero también a crear ayudas estructurales a largo plazo: "Debemos garantizar que a las entidades del tercer sector se les reconozca como servicio público y se garantice su sostenibilidad", ha dicho Budó.
"Estas ayudas estructurales que reivindican [las entidades], y que compartimos que son del todo necesarias, se tienen que ir trabajando a través de una ley del tercer sector que como Gobierno estamos comprometidos a impulsar", ha añadido la consellera de la Presidencia.
MEDIDAS ANTE LA CRISIS
El Síndic ha insistido que las entidades sociales están en primera línea en la lucha contra el Covid-19, y ha pedido un plan de choque inmediato para actuar en la emergencia humanitaria, así como reformas estructurales y "cambiar a fondo todos esos servicios públicos que hoy han sido insuficientes".
Las directivas de las entidades de la Taula d'Emergència Social y el Síndic de Greuges han entregado al Govern un documento en el que se recoge propuestas y recomendaciones que afectan sobre todo los ámbitos de los servicios sociales, las residencias, la vivienda, la educación y el empleo.
Entre otras propuestas, la Taula ha pedido ayudas para financiar los fondos alimentarios, reforzar las políticas de vivienda de emergencia, desarrollar un modelo de atención a los mayores alejado de la institucionalización de las residencias, crear fondos extraordinarios para políticas de infancia, y blindar la sanidad pública.
