Archivo - Vista panorámica de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territorio de la Generalitat ha enviado este viernes al Gobierno el requerimiento previo a la presentación de un recurso contencioso-administrativo para que incluya el índice de precios del alquiler catalán en la regulación estatal, ha explicado en un comunicado.
Cumple de este modo con el anuncio realizado por la consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, el pasado 20 de marzo, cuando avisó de que si el Gobierno no rectificaba, la Generalitat empezaría el proceso para llevar la cuestión a los tribunales.
En declaraciones a los medios en Terrassa (Barcelona), Capella ha explicado que el requerimiento previo insta al Gobierno a cambiar de opinión: "La voluntad expresa que recapaciten antes de interponer el procedimiento judicial, que estamos muy convencidos que ganaremos".
La Generalitat defiende que la normativa actual obliga al Estado a aplicar el índice por ámbitos territoriales y que se tengan en cuenta los que existían previamente en las comunidades autónomas antes de aplicar el baremo estatal que aprobó en marzo.
"El requerimiento tiene relación con la defensa de las competencias propias de Catalunya", ha asegurado Capella, que ha apuntado que el sistema catalán es más fiable que el baremo estatal para controlar los precios.
PETICIONES
El requerimiento enviado pide modificar la resolución para que mencione el índice de referencia autonómico en coexistencia con el del Gobierno y prevea los mecanismos de colaboración entre los varios sistemas para determinar el límite del alquiler.
La propuesta de la Generalitat para compatibilizar los sistemas es que el tope escogido siempre sea el que favorezca al arrendador: si el precio más bajo es el índice catalán, se aplica este, pero si este sobrepasa la cifra máxima del baremo estatal, se aplica el de alcance nacional.
El Ministerio tiene un mes para responder al requerimiento, y si no se pronuncia o lo desestima, la Conselleria presentará un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional para que los tribunales decidan.