Quiere agilizar la excarcelación "del mayor número" de internos para minimizar contagios
BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha pedido este viernes al Govern que modifique la clasificación de los presos del 1-O a tercer grado, de modo que podrían pasar el confinamiento en sus casas.
Lo ha pedido en una carta al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a la consellera de Justicia, Ester Capella, en la que ha pedido agilizar los trámites para excarcelar "al mayor número de personas internas en los centros penitenciarios, con el fin de minimizar el riesgo de contagios" de coronavirus y evitar un posible colapso del sistema sanitario.
En el texto, recomienda pasar a la calificación de tercer grado a todos los internos a quienes se aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, y señala que la medida debe tomarse "siempre que se constate la capacidad para llevar un régimen de vida en semilibertad", es decir, en internos con perfiles no peligrosos, bajo riesgo de reincidencia y buena conducta, y que además tengan un buen apoyo social y familiar en el exterior.
Ribó considera que la medida se debe aplicar también a los nueve líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por sedición, y lo fundamenta en las afirmaciones de relator de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Boris Cilevics, y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
PRESOS CONFINADOS EN CASA
El Síndic recuerda que los presos clasificados en tercer grado pueden acogerse al artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario para pasar el confinamiento domiciliario, como ya hacen el 69% de internos en tercer grado en Catalunya.
Desde la publicación del decreto de estado de alarma, la Generalitat ha propiciado que más presos en tercer grado puedan pasar todas las noches de la semana en casa para evitar contagios, y el martes anunció que las prisiones estudiarían aplicar la medida también a los presos en segundo grado y con 100.2.
Tras el anuncio, el Tribunal Supremo (TS) advirtió de que las juntas de tratamiento podían incurrir en un delito de prevaricación si lo acordaban para los presos del 1-O, y el jueves los funcionarios descartaron hacerlo: sí se ha aplicado la medida a cuatro internas de Wad-Ras y a 11 presos de Quatre Camins.
