Tarazona garantiza que no habrá cambios en las condiciones laborales de la plantilla ni en los planes de la concesionaria
ALICANTE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha validado la operación anunciada el pasado mes de agosto por la que el grupo Ribera adquiere el 65% de las acciones de DKV en Marina Salud, lo que supone que se queda con la gestión del 100% del departamento de salud de Dénia.
Ambas compañías han informado del visto bueno del organismo en un comunicado en el que señalan que la ley de salud valenciana no es de aplicación en este caso porque es "muy posterior al inicio de la concesión" sanitaria.
DKV contaba hasta ahora con el 65% de las acciones de Marina Salud, que ahora pasan a manos del grupo Ribera, que ha formado parte del proyecto desde el inicio de la colaboración público privada para la gestión de este departamento de salud.
"Este acuerdo es fruto de la evolución natural de una relación de colaboración leal con DKV, por un lado, y de compromiso y vocación de servicio con los ciudadanos del área de Dénia y el cuidado de su salud, por otro", ha asegurado la consejera delegada de Ribera, Elisa Tarazona.
Tarazona ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" al asegurar que esta operación "no va a suponer cambios en las condiciones laborales de la plantilla ni en los planes de Marina Salud".
Por su parte, el consejero delegado de DKV, Josep Santacreu, ha mostrado su satisfacción "por la gestión realizada a lo largo de estos 13 años". "No sólo hemos cumplido con los objetivos que nos fijamos, sino que hemos mejorado sustancialmente la calidad de la atención sanitaria y hemos generado un impacto económico y social muy positivo en la comarca. Queremos dar las gracias y felicitar a la plantilla, especialmente por la gestión realizada durante la pandemia", ha añadido.
La Conselleria de Sanidad había anunciado al conocerse el acuerdo de compra que iba a comunicar a la CMNV que la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana establece "limitaciones en el accionariado de las concesiones para evitar posiciones de dominio", antes de que el organismo emitiera su informe.
La titular del departamento, Ana Barceló, aseguró recientemente que se había enterado por la prensa del acuerdo y afirmaba que se iba a aplicar la legalidad. La consellera entendía que el pacto vulneraba la legislación valenciana, y en concreto esa normativa, que recoge en su preámbulo que, para garantizar la libertad de competencia y evitar posiciones de dominio, "es necesario establecer limitaciones en la ostentación y, por tanto, adquisición de títulos".
De este modo el tener una concesión con el 100% del accionariado impide estar presente en otra con un porcentaje superior al 40% de las acciones. Ribera controla los hospitales públicos Elx-Crevillent y el Hospital de Torrevieja hasta que expire la concesión el próximo 15 de octubre.
En la misma línea, el Comité de Empresa de Marina Salud pidió a Barceló que impidiera la venta de acciones al considerar que se trata de una operación "ilegal" y entender que se incumple tanto la Ley de Salud como el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores y un informe jurídico de la Abogacía de la Generalitat del 31 de mayo de 2016, que paraliza "cualquier intento de venta accionarial" en el Hospital de Dénia vigente desde entonces y señala la "necesidad de autorizar por la administración contratante la transmisión de las acciones o participaciones de sociedades en relación con las Uniones Temporales de Empresas (UTE) adjudicatarias de contratos administrativos".
