VALENCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comunitat, con un 20,6 por ciento de su costa protegida en el papel, es la autonomía con mayor número de espacios naturales amenazados de todo el litoral español, dado que existen 21 Espacios Naturales Protegidos (ENP) en peligro, según el informe, elaborado por Greenpeace, 'Destrucción a Toda Costa 2009'. Asimismo, desde esta organización señalaron que esta autonomía ocupa el primer puesto en casos de corrupción asociada al urbanismo salvaje.
Greenpeace manifestó, en un comunicado, que en esta región la definición de "parques de papel" adquiere "pleno significado", ya que "aunque hay un amplio abanico de figuras de protección costera, no son más que declaraciones formales" porque "sobre los ENP valencianos pesan numerosas afecciones que amenazan su conservación".
De los 23 ENP analizados, 21 están en peligro, según la organización ecologista. Los ejemplos de las amenazas a estos espacios naturales van desde la presión al principal humedal de Castellón, el ENP del Prat de Cabanes-Torreblanca, donde se considera parte de este humedal como urbanizable, hasta el Plan de Uso y Gestión de La Albufera de Valencia, que permite que se urbanice en suelo protegido en El Saler, El Palmar o El Perelló, apuntaron.
En Xábia (Alicante), el proyecto de ampliación de su puerto deportivo amenaza al ENP del Macizo del Montgó y Cabo San Antonio, agregaron. Greenpeace presentó hoy la novena edición del informe 'Destrucción a Toda Costa'. Por primera vez en España, se ha analizado el estado de 233 espacios litorales protegidos, repartidos en los más de 8.000 kilómetros de litoral, destacaron fuentes de la entidad.
El documento establece que ni siquiera los ENP de la costa, supuestamente amparados por la legislación, están a salvo de la destrucción del litoral que ha imperado los últimos años, comentaron, al tiempo que indicaron que más de la mitad, 120, sufren algún tipo de amenaza por urbanismo, infraestructuras o contaminación.
Este trabajo indica que existen 14.372 viviendas, diez puertos, seis hoteles, cinco campos de golf, un centro comercial o un polígono industrial que se proyectan sobre supuestos espacios naturales protegidos de la costa. Además, Greenpeace ha detectado 169 casos de corrupción urbanística, con 32 imputados, 23 de ellos cargos públicos.
"PAPEL MOJADO"
La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, aseguró, en este sentido, que "puede que la declaración de un espacio protegido les sirva a los políticos para ponerse medallas sobre su apuesta por salvar la costa", pero agregó que cuando años después "descubren que esa protección es incompatible con algún proyecto urbanístico, intentan saltarse la norma que ellos mismos elaboraron, convirtiendo a estos espacios en 'parques de papel', en papel mojado".
Marcos consideró que "la paralización de muchos avances en materia de gestión costera, como el archivo y el olvido por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa o el abandono de procesos de expropiación de edificaciones ilegales como el hotel de El Algarrobico (Almería), demuestran la nula política de gestión ante la crisis". "Una actitud que intenta obviar la normativa ambiental y relegar el medio ambiente a una segunda división de los problemas estatales", señaló.
Desde Greenpeace, agregó, se considera la política ambiental como "prioritaria". Por ello, la ONG reclama el refuerzo de la Ley de Costas ante la crisis económica, destacaron. "Tanto la administración central como las autonómicas deben garantizar el cumplimiento de esta legislación como apuesta de un futuro sostenible para el litoral", apuntó Marcos.
Asimismo, exigió un "liderazgo claro" del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la protección de la costa. A su juicio, "el primer paso debe ser retomar la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, presentada hace más de un año, en la que el Ministerio no ha trabajado".
DEMOLICIÓN
También mencionó que la compra de terrenos y la demolición de edificaciones ilegales debe continuar para garantizar la integridad de la costa, e instó a realizar una actuación contundente, sin arbitrariedades, contra las grandes ilegalidades acometidas en la costa, eliminando las construcciones ilegales, y poniendo freno a la altísima corrupción urbanística, explicaron.
Además, reclamó la elaboración de planes de gestión efectivos que frenen el acoso a los ENP de la costa, el fin de los vertidos industriales y urbanos que están dañando la calidad de las aguas, y la creación de planes para luchar contra la contaminación por vertidos y accidentes marítimos.
"Greenpeace considera que la defensa de la costa tiene que ser incondicional por parte de las administraciones implicadas, sin rebajas ni excusas", comentó la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, quien aseveró que "no tiene ningún sentido derribar chiringuitos ilegales en playas urbanas si se sigue manteniendo un hotel ilegal de 21 plantas en la playa protegida de El Algarrobico". Dijo que "como El Algarrobico hay muchos otros ejemplos".