Las acusaciones se solidarizan con los letrados del turno de oficio pero dicen que su situación no justifica la nulidad
VALENCIA, 25 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía ha criticado que las defensas del caso Terra Mítica, en el que se ha investigado un fraude de 4,4 millones de euros en la construcción del parque temático de Benidorm, hayan intentado "dilatar y obstaculizar" la investigación, y que ahora recurran a la solicitud de la prescripción de los delitos para que se anule un juicio "que tanto se ha estado esperando".
La fiscal se ha pronunciado así en la tercera sesión de la vista del caso Terra Mítica, dedicada a cuestiones previas, después de que durante dos días --lunes y martes-- las defensas solicitaran la nulidad de las actuaciones y la suspensión del juicio por la prescripción del delito fiscal, el de estafa y de falsedad documental.
Ante ello, el ministerio público ha lanzado algunas críticas a las defensas y ha lamentado que a lo largo de la investigación de este asunto --que se ha prolongado durante 10 años-- se han interpuesto numerosos recursos "con la clara intención de conseguir la prescripción de los delitos". "También -ha agregado-- se estaba intentado dilatar la investigación y obstaculizarla, intentado conseguir que se archivasen las actuaciones".
La fiscal ha recordado que las defensas consiguieron "varias veces" que se archivara el procedimiento, aunque luego la Audiencia de Valencia revocó estas resoluciones. Ahora, ha lamentado que los abogados recurran a las prescripciones "para conseguir que no podamos celebrar el juicio que tanto llevamos esperando".
Frente a ello, el ministerio público ha negado que haya prescripción de delitos o indefensión por parte de algunos acusados, ya que ha dicho que todos han tenido acceso a las denuncias del fiscal y a la documental de la Agencia Tributaria. Así, ha solicitado al tribunal que resuelva sobre las cuestiones planteadas por las defensas en sentencia, y que no suspenda el juicio, tal y como le han reclamado.
PRESCRIPCIONES
Respecto a la prescripción del delito fiscal, ha afirmado, frente a lo que sostienen las defensas, que no ha prescrito, y ha subrayado que le llama "poderosamente" la atención que después de tantos años de instrucción "nadie" haya planteado este asunto. "Han permitido, si realmente creen que ha prescrito, que siguiésemos con él. Y nos llama la atención que se utilicen estas cuestiones previas para poner de manifiesto dicha prescripción", ha puntualizado.
Seguidamente, ha puntualizado --al igual que ha realizado la Abogacía del Estado-- que el plazo de la prescripción comienza a correr cuando existe consumación del delito, en este caso, cuando Hacienda devolvió dinero o cuando los acusados abonaron determinadas cantidades a las arcas públicas.
Esto es, según ha puesto de manifiesto, en julio de 2001, con lo que el plazo para prescribir concluiría en el mismo mes del año 2006. "Para la consumación se requiere desplazamiento patrimonial realizado por la parte", ha agregado. En todo momento se refieren al IVA del año 2000.
Así mismo, la fiscal ha defendido que los delitos de estafa y de falsedad documental que se imputan a algunos de los 35 acusados --exresponsables del parque y empresarios-- están acreditados, y ha asegurado que no ha habido indefensión de las partes por no tener acceso a determinada documentación porque esto no es así.
Así, ha informado de que tanto los autos como las resoluciones y diferente documentación siempre ha estado a disposición de las partes en el juzgado, y tenían acceso a ella para fotocopiarla o escanearla. "Todas las partes --ha agregado-- han tenido perfecto conocimiento de la acusación formulada y han podido tener acceso a toda la documental de la Agencia Tributaria".
En cuanto a la solicitud de nulidad de las grabaciones entre miembros del PSPV y los empresarios Antonio Moreno Carpio y José Herrero García en las que se relacionaba al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana con el supuesto cobro de comisiones ilegales en las obras del parque temático, tanto la fiscal como el abogado del Estado se han opuesto y han asegurado que se transcribieron y se abordaron conforme a ley. No ven conducta delictiva en la grabación ni un atentado al secreto de las comunicaciones.
TURNO DE OFICIO
Tanto la fiscal como la Abogacía del Estado también se han referido a la queja efectuada por parte de abogados de los acusados que pertenecen al turno de oficio del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav), que han solicitado al tribunal la suspensión del juicio hasta que se firme un convenio con la Conselleria de Gobernación y Justicia y consigan una retribución "digna". Como ejemplo, uno de estos abogados aseguró el primer día de juicio que cobra 14 euros por cada sesión de la vista, y con este dinero, además, tiene que hacer frente a la copia de documentos.
Al respecto, las acusaciones se han solidarizado con estos letrados pero han asegurado que no pueden hacer más que esto. En concreto, el abogado del Estado ha señalado que esta cuestión no es causa de suspensión, ya que no está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es un tema --ha añadido-- "interno de los letrados del turno que trabajan con evidentes condiciones manifiestamente mejorables". Pero no es causa suficiente para justificar la suspensión del juicio, han señalado.
Por su parte, la abogada de Terra Mítica -acusación particular y defensa-- ha centrado su intervención en la petición del abogado de Vicente Conesa de apartarla del proceso por haber mantenido reuniones previas con su cliente y utilizar luego la información que obtuvo para formular acusación contra él.
Al respecto, la letrada ha puesto de manifiesto que solo recuerda dos reuniones con Conesa y éstas se produjeron en 2005, antes de iniciarse cualquier proceso judicial. Así, no se había iniciado ningún pleito y tampoco se había designado abogado al acusado. Además, la letrada ha asegurado que en estas reuniones, en las que estuvo también presente una compañera suya, siempre se presentó como letrada de Terra Mítica, y nunca dijo a Conesa que fuera a representarle o a defender sus intereses. Por todo, señala que no hubo vulneración del derecho de defensa ni de secreto profesional. "Esto es una trampa", ha lamentado.
En esta causa hay un total de 35 acusados, y Fiscalía solicita entre siete y 10 años de prisión para los cuatro exresponsables del parque temático: el expresidente, Luis Esteban; Miguel Navarro --ex director general--, Justo Valverde --exjefe del departamento de Contratación-- y Antonio Rincón --ex director técnico--. La vista continuará el día 14 de abril, y mientras tanto la Sala valorará las cuestiones planteadas estos días.
