VALENCIA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, encargado del conocido como caso Imelsa, afirma que la exconcejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, su asesor Pedro Aracil y su exmarido, el entonces gerente de la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos, y Marcos Benavent, que trabajaba en esa entidad antes de ser nombrado gerente de Imelsa, "se habrían enriquecido personalmente a través del cobro de comisiones ilegales de distintas empresas" a las que la Concejalía de Cultura adjudicó diversos contratos.
Así consta en un reciente auto del juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, tras el levantamiento parcial del sumario que afecta a esta pieza separada, la E, sobre prevaricación y cohecho del caso Taula, que forma parte de la pieza principal de Imelsa. Además de los excargos públicos, figuran como investigados representantes de las empresas adjudicatarias de los contratos municipales.
El juez ha llegado a esta conclusión a raíz del contenido de las conversaciones grabadas entre 2005 y 2006 por Marcos Benavent, quien se califica a sí mismo como 'yonqui del dinero', de sus declaraciones y de la documentación intervenida por la Guardia Civil.
De acuerdo con el magistrado, los indicios existentes se centran en el concurso público para contratar las obras de limpieza y mantenimiento de la fachada de La Lonja, adjudicadas en noviembre de 2003 a Estudios Métodos de la Restauración S.L. (EMR), por 1,027 millones de euros, con una ampliación posterior de 448.000, y en la que hay indicios de que Benavent recibió 9.000 euros de "comisión o mordida" que posteriormente entregó a Alcón.
Otro indicio es el contrato para la ejecución de las obras de limpieza y consolidación de las Torres de Quart de Valencia, adjudicadas a la UTE Cleop y Contratas y Obras Empresa Constructora S.A. por 1,4 millones de euros. Según el juez hay indicios de que uno de los representantes de Cleop entregó 20.000 euros a Benavent, que repartió con Alcón, y con el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus.
De igual modo, el juez considera que EMR, adjudicataria de las obras de conservación y restauración de los Puentes de Serrano y de la Trinidad por 2,3 millones de euros, que se ampliaron posteriormente en 320.000, pudo pagar una cantidad no determinada de dinero por conseguir esta actuación.
Y por último el juez apunta a dos contratos más: La Rambleta y la Mostra. En relación con La Rambleta, señala que de las investigaciones policiales se desprenden indicios de que Alcón y Benavent intentaron obtener del concesionario Boulevar Arte y Cultura S.A., participada por tres empresas como UTE, una comisión ilegal, para lo que mantuvieron conversaciones a cerca de la modalidad de pago mediante canon anual por explotación, "lo que podría implicar el cobro periódico de comisiones ilegales", recoge el juez.
En las conversaciones, Marcos Benavent se refiere a José Adolfo Vedri, vinculado a una de las empresas de la UTE, como una de las personas conocidas "a las que se les puede exigir algo". Sin embargo, Benavent manifestó no haber recibido ninguna cantidad de dinero con ocasión de esta adjudicación.
Además, el juez resalta que en esas conversaciones, tanto Alcón como Benavent "hablan de su estrategia para poder presionar a unos y a otro de los licitadores" y la exedil "revela por sus palabras ascendencia y capacidad de presión sobre los técnicos".
Por último, en relación con la XXVII Mostra de Valencia del año 2006, el juez añade que la investigación de la UCO permite concretar cuatro contratas como objeto de investigación: el servicio de azafatas, chóferes y personal auxiliar, adjudicado a Universo Selección por 46.000 euros; los servicios de publicidad, que recayeron en Begamir, por 168.200 euros; los servicios de imprenta, a Comunicación Gráfica Siglo XXI, por 21.182 euros; y los servicios de preproducción y las galas de inauguración y clausura y actos paralelos, que correspondió a Tres Servicios de Marketing y Publicidad, por 164.000 euros.
