PP y VOX ejercerán de acusación en el caso Azud y tendrán que compartir abogado

   VALENCIA, 21 (EUROPA PRESS)

   El Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha aceptado la personación del PP y de Vox en el conocido como caso Azud, en el que se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias, así como una supuesta financiación ilegal del PSPV en las elecciones de 2007 y 2008.

   De esta manera, PP y Vox ejercerán de acusación popular en el procedimiento y tendrán que compartir el mismo abogado, según la resolución de la magistrada, que puede ser recurrida. Si no lo hacen de forma conjunta, actuarán bajo la dirección letrada del primer partido que se persone en forma. Además, la jueza fija una fianza de 10.000 euros a cada formación e insta a Vox a que exponga "siquiera mínimamente, las razones o motivos que le llevan a personarse en la presente causa como acusación popular".

   En su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la jueza advierte del riesgo de extender la confrontación política a la causa: "Ninguno de los partidos ha intentado personarse, por lo menos desde el levantamiento del secreto, personándose en este momento cuando nos encontramos inmersos en pleno período electoral, de lo que podría inferirse los verdaderos motivos de dichas personaciones", asevera.

   En este sentido, señala que en el escrito presentado por el Partido Popular se especifican las razones o motivos para personarse"de forma escuetísima y se invocan, como objeto de instrucción, una serie de delitos que, teniendo en cuenta la fecha de los hechos, ni tan siquiera las conductas integradoras de los tipos penales invocados eran merecedoras de reproche penal".

   Al respecto alude a un comunicado del partido en el que su presidente en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, asegura que quieren personarse en el procedimiento para "saber la verdad porque estamos hablando de supuestamente decenas de millones de euros de mordidas a favor de las cuentas del partido socialista durante decenas de años" y porque "tenemos derecho a saber la verdad, sobre todo la ciudadanía tiene derecho a saberla".

HECHOS YA FIJADOS

   Sin embargo, la magistrada subraya que si esa es la causa o razón de la personación del PPCV "desde luego nada tiene que ver con la instrucción de la presente causa cuyos hechos penalmente relevantesse encuentran fijados y a ellos habrá que atenerse, pues en este punto ninguna desviación se va a permitir cuando el Ministerio Fiscal está ejercitando el "ius puniendi" del Estado cumpliendo las obligaciones inherentes a su cargo".

   Por lo que respecta a Vox, detalla que "ni tan siquiera se expone algún motivo o razón" para su personación sino que "simplemente alega que no precisa formular querella para personarse y que está exento de presentar fianza".

   Para la magistrada, "con estos mimbres se desconoce cuál es supretensión", pero expresa su "recelo" por el hecho de la "estrecharelación" de Vox con uno de los principales investigados en el procedimiento, el letrado José María Corbín, "eje sobre el cual ha pivotado la totalidad de la causa, a mayor abundamiento, cuñado de la alcaldesa de València en la época en que sucedieron los hechos".

   Y añade que esa relación se evidenció cuando se produjeron las imputaciones de Corbín y otros miembros de su familia, porque en una información de abril de 2019 Vox afirmó que ambos --el abogado y una de sus hijas-- "son militantes de base y no están en ninguna de las dos listas ya presentadas: ni de las autonómicas ni de las generales".

"SUSPICACIAS"

   La magistrada subraya "lo peculiar" que resulta la figura de la acción popular, que es desconocida en las legislaciones del entorno español, y que "carece de desarrollo normativo de tal modo que, pese a las suspicacias que levanten las dos personaciones del PP y Vox, no pueden denegarse por venir obligado a tenor de la legislaciónvigente".

   En este procedimiento, en la pieza principal, con más de medio centenar de investigados, se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias y los delitos de delitos tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.

   En la última pieza sobre la que se ha levantado el secreto, la número 7, hay nueve personas investigadas: el exresponsable de finanzas del PSPV Pepe Cataluña; el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues; el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera; el ex consejero delegado de la sociedad estatal Aguas del Júcar S.A., José María Marugán y varios empresarios, entre otros.

   Según consta en el informe de la UCO de esta pieza, a lo largo de los ejercicios 2007 y 2008, la sociedad Cronosport materializó diversos trabajos de merchandising para el PSPV, algunos de los cuales se enmarcan en las dos campañas electorales. Sin embargo, algunos de estos trabajos habrían sido asumidos realmente por terceras empresas, a las que esa mercantil habría emitido facturación ficticia para justificar el abono de los trabajos para el Partido Socialista.