Cree que con el tiempo y "más allá de los avatares judiciales" se verá que la 'Operación Puerto' "ha sido positiva"
SANTANDER, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lizzavetzky, aseguró hoy que en la actuación del Comité Olímpico Italiano (CONI) contra el ciclista español Alejandro Valverde "hay una serie de dudas e interrogantes" sobre si los italianos se han ajustado a sus competencias y si la sanción "es justa o no", pero matizó que hay que esperar la respuesta del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que es "el único órgano que puede tomar una decisión definitiva".
De momento, la Unión Ciclista Internacional (UCI), a quien corresponde decidir si la sanción es extensible a otras competiciones, no se ha pronunciado, pero se va a personar en el TAS y cuando éste falle, se verá si es extensible o no, comentó el secretario de Estado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.
Lizzavetzky recordó que Valverde --al que las autoridades deportivas francesas han advertido de que no es "bienvenido" de cara al próximo Tour-- "no figuraba" en la lista que presentó el juez español y "nunca estuvo en la 'Operación Puerto' desde el punto de vista judicial".
Además, aunque las autoridades deportivas españolas pidieron todas las pruebas de todos los ciclistas que pudieran estar implicados para abrir los correspondientes expedientes, el juez las denegó alegando que las pruebas se habían conseguido en una investigación por presunto delito contra la salud pública y no para sanciones deportivas.
Sin embargo, el CONI, en un momento en el que no estaba el juez titular, sino un suplente, logró que se le facilitara una prueba, la bolsa de plasma número 18, en la que sustenta su sanción a Valverde. Pese a todo, Lizzavetzky se mostró convencido de que "cuando pase el tiempo" y se "cierre definitivamente" la 'Operación Puerto' --ya se ha acordado la apertura de juicio--, "más allá de los avatares judiciales se verá, y ya se está viendo, como una operación que ha sido positiva".
"Yo no entro a juzgar a nadie, pero cuando la Guardia Civil, actuando como Policía Judicial, por orden de un juez, se incauta de más de un centenar de bolsas de sangre, plasma, etcétera, que estaban almacenadas en lugares no habilitados a estos efectos, o era una reunión de vampiros o se habrían recaudado y cogido esas bolsas para algo", apostilló el secretario de Estado, que deseó que la operación "acabe pronto" y con "el mejor final posible".
Lizzavetzky recalcó que la nueva ley lanza un "mensaje claro" de "tolerancia cero frente al dopaje", pero dejó claro que "ningún deportista irá a la cárcel ni será inhabilitado" por consumir sustancias dopantes, porque lo que se pretende con la nueva regulación, que incluye el dopaje como delito, es "ir a la raíz del problema" a "ese entorno que rodea a los deportistas y que se está lucrando y beneficiando" de ello.
Eso no quita sin embargo que los deportistas sean objeto de una sanción administrativa "muy fuerte" que, según las normas internacionales puede ser de dos o incluso cuatro años de suspensión, y eso en la vida de un deportista "es una sanción bastante dura".
El secretario de Estado abogó por la "prevención", el "control" y "mayor rigor" en las sanciones y subrayó que "merece la pena" luchar contra el dopaje para "preservar la salud" de los deportistas, sean profesionales o no. "Es un problema que afecta a la sociedad, no sólo al deporte de alto nivel", añadió.
En los últimos cinco años, recordó que se han realizado alrededor de 20 operaciones policiales, muchas de ellas en gimnasios, que se han saldado con 140 detenidos. Además, aludió a los datos de Interpol que "hablan de un volumen de negocio, entre comillas, de 20.000 millones de dólares en 2008, que es mayor que el de las denominadas drogas sociales". "Por tanto, es un problema general, no sólo en España", concluyó.
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