MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, ha afirmado que la Agencia Mundial Antidopaje conoce la "determinación" de España por cumplir con sus obligaciones en la lucha contra el dopaje y justificó la no adecuación aún a su nueva Ley Antidopaje por la especial situación política por la que atraviesa el país.
"Hay elementos que matizar, se han hecho gestiones y la relación de España con la Agencia Mundial Antidopaje es continua y en ese marco se mantienen reuniones, relaciones y envío de información. La AMA conoce la determinación de España por cumplir con todas sus obligaciones", dijo Cardenal tras la inauguración de la jornada informativa sobre recomendaciones para Río 2016.
Miguel Cardenal se refirió así al próximo cumplimiento del plazo, a finales de esta semana, para que la legislación española se adecúe a la nueva Ley Antidopaje de la AMA. "La AMA conoce que la situación política de España es inédita y eso imposibilita la aplicación de cualquier tipo de norma. Sobre sus consecuencias del vencimiento del plazo es algo que está abierto y esperamos que no tenga consecuencias prácticas para deportistas ni organizaciones", deseó.
En este sentido, el presidente del CSD recordó que el pasado viernes se publicó en el BOE la última versión del Código Mundial de la AMA, cuyo organismo "no tiene ninguna reserva" sobre la determinación de España para luchar contra el dopaje, aplicar las normas y perseguir cualquier conducta mediante la cooperación internacional "para proteger a los deportistas que en su mayoría son limpios y quieren competir contra personas que no hacen trampas".
"En el tema antidopaje en nuestro país lo hacemos a través de una legislación pública que requiere informes y trámites que suponen mucho tiempo para la creación de una Ley Orgánica", explicó el secretario de Estado para el Deporte.
Por otro lado, sobre la llamada 'Operación Puerto' contra el dopaje en el deporte español, Cardenal indicó que el nuestro es "un país con libertades" y que el Gobierno "no debe interceder en los elementos de la justicia".
"Puede ser parte del proceso judicial y este Gobierno lo es a través del CSD. Ha recurrido las sentencias, ha pedido que se entreguen las bolsas de sangre por lo que su postura es clara, aunque también lo es en la separación de poderes. Es entendible para cualquier democracia", subrayó.
