MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará mañana la 'Ley Orgánica de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte' con el respaldo unánime de todos los grupos políticos de la cámara.
Esta legislación cumple con la máxima del gobierno: 'tolerancia cero contra el dopaje' y permitirá liderar a España, que será la sede el próximo año de la III Conferencia Mundial contra el dopaje, la lucha contra esta lacra en el deporte profesional.
La nueva Ley Orgánica prevé penas de prisión de seis meses a dos años para quienes promuevan el consumo de sustancias prohibidas. Además, establece la creación de una Agencia Española Antidopaje y la regularización de controles por sorpresa fuera de la competición.
El Gobierno aprobó el pasado 17 de marzo este proyecto de ley, impulsada por el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, en el que están implicados cuatro ministerios (Educación, Justicia, Sanidad y Consumo e Interior).
Esta ley servirá para armonizar la legislación española con la internacional y supone la modificación de la Ley del Deporte, la Ley de lo Contencioso Administrativo, la Ley del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana.
Así, en el Código Penal se introduce el artículo 361 bis por el que "serán castigados con penas de prisión de seis meses a dos años los que sin justificación médica prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten a deportistas que participen en competiciones organizadas en España por entidades deportivas, sustancias o grupos farmacológicos prohibidos, así como métodos no reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente sus capacidades físicas o a modificar los resultados de las competiciones, que por su contenido, reiteración de la ingesta u otras circunstancias concurrentes, pongan en peligro la vida o la salud de los mismos".
No obstante, el texto no establece castigo penal para los deportistas. Además, a efectos prácticos, este artículo no significará la estancia en prisión de los inductores al dopaje porque el Código Penal sólo prevé el arresto carcelario para los condenados a más de dos años.
El pasado 3 de octubre, el Senado aprobó por unanimidad una enmienda transaccional que es la única modificación al texto original y en la que se alude a la participación en la Agencia Estatal Antidopaje de los representantes de las Comunidades que cuenten con agencias autonómicas.
