MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PP busca rebajar de nuevo a tres años la duración mínima de un contrato de alquiler, que el Gobierno elevó a cinco años en el decreto ley que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros.
Así, ha aprovechado su enmienda a la totalidad a la ley de emergencia habitacional impulsada por la PAH y defendida en el Congreso por Unidos Podemos, para presentar una propuesta de modificación de la Ley de arrendamientos urbanos.
En su enmienda a la totalidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, los 'populares' rebajan de siete a cinco años la duración mínima de estos contratos cuando el arrendador sea una empresa, si bien lo dejan en tres años cuando el arrendador sea una persona física que se dedica de manera profesional al alquiler.
Según ha argumentado este miércoles en los pasillos del Congreso la portavoz de Vivienda del PP en la Cámara Baja, Ana María Zurita, la iniciativa busca contrarrestar tanto la iniciativa impulsada por la PAH como las últimas medidas aprobadas por el Gobierno porque ambas son, ha dicho, "completamente ineficaces".
"Queremos un mercado flexible, donde haya flexibilidad de las condiciones para alquilar, y sea propicio tanto para arrendadores como para arrendatarios", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación.
NORMATIVA AUTONÓMICA DE PISOS TURÍSTICOS
Por otro lado, el PP propone una distinción entre la regulación propuesta por el Gobierno en su decreto ley, abriendo a la puerta a una normativa específica por parte de las comunidades autónomas, eximiéndola del cumplimiento de la Ley de arrendamientos urbanos.
La propuesta del PP entiende como 'vivienda turística' "aquella que ofrezca usos similares a los prestados por los establecimientos hoteleros, cuando esté sometida a un régimen específico derivada de su normativa sectorial autonómica" e incluye una disposición adicional a la Ley de propiedad horizontal para habilitar a las comunidades autónomas para regularla.
REBAJAS FISCALES CUANDO SE ALQUILE A JÓVENES Y MAYORES
La propuesta del PP, que pasaría a tramitarse en sustitución de la ley de emergencia habitacional de la PAH cuando esta afronte su debate de totalidad en el Pleno del Congreso, contempla también una serie de incentivos fiscales al alquiler.
Así, permite una reducción del 60% de los rendimientos netos por arrendamientos de vivienda, elevándolo al 100% cuando el arrendatario tenga una edad comprendida entre los 18 y los 30 años, o superen los 65 años y sus únicos ingresos o sustento procedan de prestaciones o pensiones en cuantía mínima o con complementos mínimos.
Asimismo, obliga en una disposición al Gobierno a presentar un anteproyecto de ley de reforma del Impuesto de Sociedades, con deducciones para las sociedades de alquiler o personas jurídicas cuyo objeto principal sea la promoción del alquiler en supuestos que favorezcan el acceso a colectivos con mayores dificultades, atendiendo a la edad y al nivel de renta.
DEDUCCIÓN DEL 100% EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Otros de los incentivos que contempla la norma pasa por incentivos a las inversiones dirigidas a mejorar la eficiencia energética, obligando al Gobierno en una disposición a aprobar deducciones del 100% en inversiones de obras y reparaciones de mejora de la eficiencia energética realizadas por el propietario de bienes inmuebles destinados a vivienda en régimen de alquiler.
Además, mandata al Gobierno a habilitar líneas de financiación plurianual a través del instituto de Crédito Oficial (ICO) para promotores de vivienda, obra nueva o rehabilitación de vivienda para actuaciones que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía.
