MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha suspendido provisionalmente la ejecución del laudo arbitral favorable al fondo Antin por el que condenaba al Estado español a una indemnización de 112 millones de euros por los recortes a las renovables.
El organismo dependiente del Banco Mundial ha adoptado esta decisión tras proceder a finales de la pasada semana al registro de la solicitud de anulación del laudo presentada por el Reino de España, según consta en sus registros.
De esta manera, España logra bloquear la ejecución de un fallo en el que hace un año reconocía al fondo esa indemnización de 112 millones de euros, frente a los 218 millones de euros que reclamaba.
Las solicitudes de anulación del laudo por parte del demandado suelen ser habituales en este tipo de disputas internacionales con el objetivo de dilatar en el tiempo su ejecución, según indicaron a Europa Press en fuentes jurídicas.
No es la primera vez que el Estado español solicita la suspensión provisional de la ejecución de un laudo. En muchos casos, como el del propio fondo Antin, los damnificados han acudido a los tribunales estadounidenses en busca de la ejecución de las sentencias del Ciadi.
En su fallo, el Ciadi reconocía al fondo una indemnización, al considerar que el cambio regulatorio fue tan abrupto que vulneraba el artículo 10 de la Carta de la Energía, tratado internacional que garantiza las inversiones internacionales en esta materia.
Antin, que reclamó ante los tribunales internacionales mediante Antin Infraestructure Services Luxembourg y Antin Energia Termosolar BV, compró en 2011 a ACS dos plantas termosolares en Granada, Andasol 1 y 2, y las vendió en 2017 a otro fondo, Cubico.
En total, el Reino de España suma más de una treintena de demandas de arbitraje de inversiones ante el Ciadi relacionadas con las reformas energéticas de las renovables.
El Ciadi ya ha fallado, además de la de Antin, en ocasiones anteriores a favor del demandante. Como en los casos de Masdar, perteneciente a al fondo soberano de Abu Dabi Mubadala, reconociéndole una indemnización de 64 millones de euros; o Eiser Infraestructure, condenando a España a pagar 128 millones de euros más intereses, o más recientemente la estadounidense NextEra Energy, que reclama una indemnización de 291 millones.
LOS LAUDOS, RECURRIDOS.
No obstante, en ninguno de los casos se ha llevado a cabo la ejecución de los laudos, ya que se encuentran recurridos por el Gobierno español en procedimiento de anulación.
Además, el Estado español ha sufrido otros reveses más en otros arbitrajes internacionales, como el de la danesa Athena Investments en el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), con una indemnización de 11 millones de euros, o el de NovEnergia, en la que el tribunal sueco también reconoció el pago de 53 millones de euros a la firma por los recortes a las renovables, aunque posteriormente suspendió la ejecución del laudo.
Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de euros de Solarpark Management, que había denunciado ante el SCC.
RESOLUCIONES EN EL AIRE.
No obstante, la resolución de todos los procesos en contra del Estado se encuentran en el aire, ya que la Comisión Europea ha respaldado al Gobierno de España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la UE era una situación contraria al Derecho de la Unión.
Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la UE.
Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía.
RECLAMACIONES POR MÁS DE 8.000 MILLONES.
Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables ascienden a más de 8.000 millones de euros.
Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de todas la cantidad demandadas a España.
