MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PSOE propone al Gobierno acordar un Pacto de Estado por la Energía a partir del diálogo político y social que permita que la política energética de los próximos años goce de mayor estabilidad y seguridad jurídica, para poder afrontar una "reforma gradual y profunda" del sector energético, incluyendo un servicio mínimo de suministro de electricidad y gas que no pueda ser cortado.
Así lo recoge en la moción consecuencia de la interpelación que la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, planteó este miércoles al ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, sobre las necesidades del sector energético. El texto, que recoge Europa Press, será debatido y votado en el Pleno del Congreso de la segunda semana de marzo.
Los socialistas consideran que las reformas que el Ejecutivo 'popular' ha aprobado durante esta legislatura han sumido al sector en una gran inseguridad jurídica, han perjudicado a las renovables y puesto en peligro las inversiones, además de no solucionar el problema del déficit tarifario ni de los continuados incrementos del precio de la energía, lo que lastra tanto la renta disponible de los hogares como la competitividad industrial.
Por eso, creen que ha llegado el momento de negociar un Pacto de Estado de la Energía que permita acordar las soluciones que necesita el sector sin poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de la UE en materia de reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2).
AUDITORÍA REGULATORIA
Así, el principal partido de la oposición propone realizar una auditoría regulatoria sobre la normativa vigente para evaluar el impacto que tiene en los balances de las empresas. A partir de los resultados de este análisis se debería redactar "con la máxima transparencia y participación" un Libro Blanco sobre el diagnóstico y las posibles medidas a adoptar.
De este modo, se diseñaría una "reforma gradual y profunda" del sector eléctrico que persiga incentivar el ahorro y la eficiencia, a la par que "avanzar hacia la plena utilización del potencial en energías renovables" que tiene España, lo que abundaría en una reducción de la dependencia exterior, con su consecuente impacto en la balanza comercial exterior.
La reforma tendría que incorporar además un régimen estable de apoyo a las energías renovables, para las que se debería crear un mercado de subastas que diferencie por tecnologías, de modo que el régimen retributivo sea más competitivo y permita retribuir a cada instalación por las diferencias que existe entre sus primas y los precios del mercado.
Además, habría que "restaurar para todas las inversiones los principios regulatorios" que existían cuando fueron decididas, además de "potenciar las interconexiones eléctricas y la generación distribuida, teniendo en cuenta las situaciones específicas de vulnerabilidad social y geográfica".
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
Por otra parte, el PSOE cree que es momento de afrontar el problema de la pobreza energética, y por ello propone fijar un servicio mínimo de suministro de electricidad y gas que "garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia".
En la misma línea, se sugiere revisar "en profundidad" las tarifas de los pequeños consumidores para relacionarlas con el coste del mix energético y no con el coste marginal del sistema, que suele ser "siempre muy superior".
Para fomentar el ahorro y la eficiencia energética, los socialistas abogan por regular el autoconsumo y el balance neto, así como derogar el peaje de respaldo a las energías autoconsumidas que se introdujo con la Ley del Sector Eléctrico que se aprobó el pasado mes de diciembre.
En la misma línea, habría que fomentar la gestión de la demanda de los usuarios para facilitar la integración de las renovables, para lo cual habría que aprovechar la instalación de los nuevos contadores inteligentes, garantizando siempre que "los consumidores tendrán acceso a la información".
Finalmente, el PSOE incluye en la moción un punto para impedir que se prorrogue la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años, lo que implicaría el cierre del último reactor en 2028. Asimismo, exigen que no se reabra la central de Santa María de Garoña (Burgos), que "ha cumplido su ciclo de vida útil y cuya continuidad no aporta ninguna ventaja ni para la seguridad del suministro ni para el abaratamiento de precios".
