MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -
Adicae presentará una queja ante la Comisión Europea y ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo como paso previo a su intención de elevar la demanda por la estafa del caso 'Fórum-Afinsa' al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), debido a la "ineficacia" de los tribunales españoles después de trece años desde que se destapara el fraude y las empresas fueran intervenidas por el Gobierno.
Así lo ha trasladado en declaraciones a Europa Press el presidente de Adicae, Manuel Pardos, que reconoce que ni la Comisión Europea ni el Parlamento Europeo pueden tomar alguna acción más allá de realizar una mera recomendación al Gobierno español, pero insiste en que este paso es necesario porque estos organismos acumularán material que luego servirá para la demanda.
Este caso, conocido como la mayor estafa piramidal de la historia de España, afectó a casi medio millón de personas (460.000) a las que se les defraudó más de 5.900 millones de euros. En la fase de liquidación, que todavía no se ha completado, las asignaciones de los administradores concursales a los perjudicados solo han sido del 20,5% en el caso de Fórum Filatélico y del 15% en el de Afinsa.
En este sentido, Pardos ha criticado que los procedimientos concursales aún no se hayan terminado, a pesar de que a los afectados se les dijera en un primer momento que duraría un año. Durante ese periodo, se deberían de haber vendido todos los bienes, pero llegó la crisis y el proceso se fue ralentizando hasta la actualidad. Las sociedades intervenidas tenían gran parte de su patrimonio invertido en inmobiliario.
Según ha explicado el presidente de Adicae, los gobiernos de turno han justificado esta tardanza en que se buscaba garantizar que los bienes de las empresas se repartieran bien. No obstante, Pardos ha subrayado que el hecho de que el procedimiento concursal siga abierto está, además, suponiendo un gasto de dinero "tremendo" por el mantenimiento y cuidado de los sellos y del resto de bienes.
En todas las comunidades autónomas se aprobaron resoluciones que instaban al Gobierno, mediante una proposición no de ley, a dar una solución "razonable y compensatoria" a los afectados del caso, mientras que el Congreso de los Diputados también lo aprobó por unanimidad. "El Gobierno de Mariano Rajoy lo dejó en un cajón", ha reprochado Pardos.
¿POSIBLE SOLUCIÓN?
En este sentido, tomando como inspiración la solución que el Gobierno de Felipe González dio al caso de las Cooperativas de Pablo Iglesias, Adicae cree que los sellos, que son el patrimonio principal y más difícil de rentabilizar del caso, deberían quedar en manos de la Real Casa de la Moneda para que les saque "algún rendimiento".
"Tienen experiencia en emitir sellos y venderlos. Son especialistas como para poder sacarles un rendimiento en lugar de que sigan gastando", ha indicado Pardos, añadiendo que el Gobierno debe hacerse cargo de todo el patrimonio y establecer una indemnización de un porcentaje "razonable", que ha estimado en el entorno de un 60% de la pérdida.
En suma, el presidente de Adicae ha denunciado la "ineficiencia" de los tribunales y pide responsabilidad al Estado por el "mal funcionamiento de la Justicia. "No es que sea malo, es que es pésimo", ha apostillado. También ha señalado al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por su "falta de vigilancia" ante unas empresas que "prácticamente funcionaban como las cajas de ahorro".
La estafa, que concluyó en el año 2006 tras la intervención de las sociedades, consistía en la captación masiva de dinero procedente de pequeños ahorradores con el compromiso de devolver en el plazo determinado un interés añadido superior al de las entidades financieras.
El motivo que alegaba para retribuir el dinero que recibían era la inversión en valores filatélicos. En la publicidad de sus productos sostenían que los sellos se revalorizaban de manera constante y sostenida. La actividad se formalizaba en contratos-tipo de compraventa de lotes de sellos que encubrían la realidad económica de la transacción.
El inversor compraba, según decían, por un precio equivalente al valor de la filatelia que le adjudicaban, asumiendo la compañía el compromiso de recompra por el que se obligaba a devolverle en un plazo el dinero aportado más la rentabilidad acordada.
