En España generaría una recaudación anual de más de 1.160 millones que no sería suficiente para contrarrestar la pérdida de actividad y empleo que conllevaría aparejado
MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La puesta en marcha de un impuesto sobre las transacciones financieras que recoge la propuesta de Directiva de la Unión Europea trasladaría su efecto al consumidor final, provocaría restricciones del sector bancario en el acceso al crédito y generaría un efecto deslocalizador de los agentes hacia otros territorios aún suponiendo a priori una fuente de ingresos adicional.
En un encuentro informativo este martes en Madrid, la Fundación Impuestos y Competitividad ha advertido de que establecer nuevos gravámenes al sector financiero a nivel europeo "no es una medida adecuada" dado que, a su juicio, posee un carácter muy coyuntural, tendría una implantación escasa y no generaría una fiabilidad real.
Además, hacen hincapié en que los beneficios esperados podrían "no superar" los perjuicios ocasionados. Por ello, emplazan a las administraciones comunitarias a que "se piensen mucho" su aprobación y posterior aplicación, al tiempo que realicen estudios de impactos para analizar si pueden darse "efectos no esperados".
En el caso concreto de España, el autor del estudio, el catedrático de la Uned José María Labeaga ha explicado que el establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras en el mercado de renta variable tendría una incidencia negativa sobre los volúmenes de contratación, "pudiendo llegar a producir una reducción de los mismos en torno" a un 30% o 50% a lo largo de un año, a pesar de cosechar una recaudación esperada de 1.167 millones de euros.
En el corto plazo, Labeaga sostiene que la caída del volumen de negociación estaría en torno a un 3%-8% pese a recaudar más de 1.190 millones de euros en un solo mes. "La recaudación de este impuesto en España podría no ser suficiente para compensar la pérdida de recaudación por otros impuestos como consecuencia de la disminución de actividad y empleo".
En términos más generales, Víctor Mendoza, socio del área fiscal de KPMG Abogados ha enumerado los principales motivos por los cuales la imposición de nuevas tasas en el mercado financiero ocasionaría más pérdidas netas que recaudación potencial obtenida en cuanto al PIB.
En primer lugar, Mendoza señala que los impuestos a las transacciones financieras, que no podrán ser aplicados de forma unilateral en el conjunto de la Unión Europea sino únicamente en aquellos Estados que de manera individual decidan acogerse, tienen un objetivo claro que es "incrementar los recursos nacionales mediante la reducción de sus contribuciones al Presupuesto de la Unión Europea".
DISMINUCIÓN DEL PIB
Sin embargo, pone en duda la efectividad de este tributo, puesto que uno de los "potenciales efectos adversos" sería la reducción del PIB, que en términos comunitarios podría conllevar una repercusión negativa en torno al 0,50%. Si bien, estudios independientes elevan esta cifra "en entornos más realistas", hasta el 2,42%.
Otro de los efectos adversos de la medida sería la restricción en el acceso al crédito al verse el sector bancario abocado "a un cambio" en sus políticas de inversión, reduciendo la tenencia de valores más ilíquidos y manteniendo volúmenes de liquidez más elevados.
Además, lejos de conseguir imponer una carga adicional al sector financiero, Mendoza denuncia que gravar las transacciones de productos financieros de renta variable trasladaría su efecto al consumidor final a través de mayores costes del capital, menores retribuciones en la inversión así como mayores comisiones en la ejecución de actividades.
En esta línea, el socio de KPMG cuestiona que la medida genere una mayor eficiencia en los mercados, ya que la implantación de la misma "no necesariamente" llevará aparejada una reducción de actividades de excesivo riesgo.
Adicionalmente, Mendoza agrega que los agentes podrían verse en la tesitura de "tener que migrar" sus operaciones hacia otros territorios no sujetos al impuesto o hacia otros productos no gravados. Por otro lado, dice que podría ocasionar "efectos negativos sobre los fondos de pensiones y de inversión", así como sobre la rentabilidad de las empresas no financieras. "Esta medida puede ser ineficiente económicamente", ha sentenciado.
