MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha alertado hoy sobre un posible "conflicto de intereses" en el caso de que se adscriba el ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) a la CNMV (Comisión Nacional de Mercados y Valores).
Con motivo de la presentación del número 12 de la revista 3ECONOMI4 del Consejo General de Economistas, se han reunido esta mañana en la sede de dicho consejo destacados especialistas que han debatido y analizado el binomio entre regulación y competencia.
En este sentido, Pich ha advertido de que "la integración del órgano supervisor de la actividad auditora (ICAC) a la CNMV, como ha planteado el Ministerio de Economía y Competitividad en una normativa sobre organismos reguladores, podría derivar en un "conflicto de intereses", ya que tanto el auditor de cuentas como la entidad auditada serían supervisados por una misma autoridad.
A este respecto, el presidente del Consejo advirtió que "en la gran mayoría de los estados miembros la autoridad supervisora de la auditoría es independiente, por lo que quizá convendría que el ICAC se conforme como una Autoridad Administrativa Independiente más, máxime si se tiene en cuenta que este organismo está bien dotado de recursos propios gracias a las tasas que pagan los auditores".
Actualmente y hasta el próximo 17 de marzo, se encuentra en fase de consulta pública el 'Anteproyecto de Ley sobre la racionalización y ordenación de los organismos supervisores de los mercados y para la mejora de la gobernanza', cuyo objetivo es reordenar los organismos reguladores y supervisores en el ámbito económico y financiero en España, así como su organigrama institucional de la defensa de la competencia.
El catedrático de economía aplicada, Juan Ramón Cuadrado, indicó que esta nueva reforma planteada por el Gobierno e impulsada por Ciudadanos "conducirá a separar de nuevo la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia)", que funciona como un superregulador que integra 18 organismos, aglutinando actualmente "tareas muy diversas", por lo que los economistas ven "oportuna" su división en dos instituciones independientes.
De igual modo, el también catedrático de economía aplicada y ex presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Amadeo Petitbó, señaló que "aunque se trata de un documento sin texto articulado, tan solo, de una declaración de intenciones, general y epidérmica", sí que se incluyen otras cuestiones valoradas por los expertos de manera positiva.
Algunas de las medidas son, por ejemplo, la creación de una Autoridad Administrativa Independiente de Protección de los Usuarios de Servicios Financieros, cuyas competencias actualmente están repartidas entre los supervisores de banca, valores y seguros, pero para la que Petitbó indicó que "habrá que ver cómo se dota de recursos".
También valoraron positivamente la propuesta de un cambio en el sistema de nombramientos de los órganos de gobierno mediante control democrático sin que se pueda dar un reparto de cargos entre los partidos.
De esta manera, y a falta de conocer el articulado, ya que el documento publicado solo recoge ideas generales, habrá que ver de "qué medios dispondrán" los nuevos organismos, así como "qué estatus legal" tendrán.
