Interroga al Ejecutivo sobre si prevé abordar un plan de reindustrialización estatal
MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
Izquierda Unida, a través de su senadora gallega Vanessa Angustia, ha registrado en la Cámara Alta una nueva batería de preguntas dirigidas al Gobierno del PSOE a raíz de los últimos datos empresariales desvelados por la multinacional de aluminio, los cuales revelan que el grupo ganó un 4,6% más en 2018 que en el ejercicio anterior, hasta los 227 millones de dólares (200 millones de euros), y obtuvo un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 2.700 millones de euros, un 27% más que en 2017.
Entre otras cuestiones, la iniciativa parlamentaria interroga al Ejecutivo si prevé abordar un plan de reindustrialización estatal y, si es así, con qué planteamiento cuentan, de qué dotación económica constará y de qué recursos técnicos y humanos.
El informe elaborado por Alcoa también muestra sus previsiones para 2019, entre las cuales se prevé un aumento de la demanda de entre el 3% y el 4%, si bien reconoce que habrá un déficit entre la producción y la venta de aluminio de aproximadamente un 2%.
Para Angustia, asumiendo un porcentaje de ganancia, reconociendo la falta de aluminio y el aumento de la demanda, los argumentos de Alcoa quedan "superados" y se desvela la intención "real" de acometer un proceso de deslocalización para abaratar los costes, a expensas de la ausencia de derechos laborales y de controles medioambientales, para continuar así con su "proceso de acumulación".
Por otro lado, la senadora gallega ha incidido en el hecho de que, durante los últimos 10 años, Alcoa ha recibido ayudas a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para, entre otras cosas, paliar el aumento de costes eléctricos, pero que la multinacional no ha invertido nada en formación o en mejora de las factorías. "Todo ello mientras actuaba como un monopolio privado de la producción de aluminio primario en España", ha añadido.
Agustia también ha interrogado al Gobierno sobre si tiene previsto poner en marcha medidas para proteger los intereses de la industria en España y los derechos laborales frente a los "procesos de acumulación ilegítima" de las multinacionales capitalistas.
Asimismo, ha instado a que, dado que a día de hoy siguen el peligro más de 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos, el Gobierno garantice medidas que permitan la continuidad del empleo para todos los trabajadores, así como aseguren la producción de aluminio primario español frente al proceso de deslocalización propuesto por la empresa.
