Advierten de que hay unas 10.000 muertes al año de origen laboral que no se registran y piden más efectivos para la Inspección de Trabajo
MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los responsables de Salud Laboral de CC.OO. y UGT, Fernando Rodrigo y Dolors Hernández, acusaron hoy a algunas comunidades autónomas de "torpedear" las normas y acuerdos alcanzados para combatir las todavía "inadmisibles e inaceptables" cifras de siniestralidad laboral que tiene España, donde cada día fallecen dos o tres personas en accidente de trabajo.
En rueda de prensa para presentar los actos y objetivos que se han marcado ambas centrales sindicales de cara a la celebración, el próximo lunes, del Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, Rodrigo y Hernández recordaron que la estrategia española de seguridad laboral, aprobada en la anterior legislatura con el acuerdo del Gobierno central, las comunidades autónomas y los agentes sociales, define "claramente" quien tiene que desarrollar cada parte de la misma.
En este sentido, señalaron que, aunque es el Gobierno central el que diseña las políticas preventivas, son los ejecutivos autonómicos quienes deben ejecutarlas. Para CC.OO. y UGT, el retraso en la aplicación de normas ya aprobadas y de otras que están por desarrollar hace necesario un toque de atención tanto a las comunidades autónomas como al Ejecutivo, al que instaron a poner en marcha las cuestiones pendientes de la estrategia y a reformar con urgencia las mutuas de accidentes profesionales para su democratización y modernización.
Los sindicatos hacen varios reproches a los gobiernos autonómicos en materia de siniestralidad laboral. En primer lugar, critican que algunas regiones no hayan habilitado todavía técnicos para asumir funciones similares a las que tienen los inspectores de trabajo, cuya tarea consideraron fundamental en la prevención de los siniestros laborales.
En concreto, a principios de la anterior legislatura se aprobó un Real-Decreto que capacitaba a las comunidades autónomas a designar hasta 400 técnicos para colaborar con la Inspección pero, de momento, sólo se han habilitado un centenar. Según Dolors Hernández, si se habilitaran el 50% de los técnicos previstos, los recursos preventivos se duplicarían, pues a los 800 inspectores que "hay en la calle" se sumarían estos 400 técnicos con funciones asimilables a las de los primeros.
De acuerdo con los datos que facilitaron los representantes sindicales, en España existe un inspector por cada 23.000 trabajadores. Aunque la cifra ha mejorado (antes había un inspector por cada 27.000 trabajadores), aún se está lejos de la media de la UE-15, situada en un inspector por cada 12.000 trabajadores o lo que es lo mismo, por cada 2.000 empresas.
LA "CARA INVISIBLE" DE LA SINIESTRALIDAD.
Otro reproche que los sindicatos hacen a algunas comunidades autónomas es su falta de implicación para aflorar las enfermedades de origen profesional que se producen en España y que muchas veces son catalogadas como enfermedad común, trasladando así el coste al sistema sanitario y rebajando las prestaciones que perciben los trabajadores.
En España, denunciaron Hernández y Rodrigo, existe un "subregistro" de este tipo de dolencias laborales, hasta el punto de que no se notifican ni registran el 75% de las enfermedades profesionales que se producen y el 100% de las enfermedades profesionales mortales, es decir, que no consta en los registros públicos que algún trabajador haya muerto por una enfermedad de origen laboral.
Sin embargo, el Ministerio de Sanidad estima que cada año mueren unas 10.000 personas como consecuencia de una enfermedad relacionada con el trabajo. A pesar de que en la anterior legislatura se aprobó un Real Decreto que actualizaba las enfermedades profesionales y establecía criterios para su notificación y registro, los sindicatos denuncian que la situación no ha mejorado y que esta reforma está "fracasando" por la "mala praxis" de las mutuas y porque algunas comunidades no la están aplicando.
Concretamente, la norma establece que cuando los médicos del Sistema Nacional de Salud tengan conocimiento de la existencia de una enfermedad que podría ser calificada como profesional o cuyo origen profesional se sospecha, deben comunicarlo a los organismos competentes de cada comunidad autónoma. Sin embargo, son pocos los gobiernos autónomicos que han habilitado los mecanismos necesarios para ello.
En Navarra, por ejemplo, se ha puesto en marcha una especie de sistema "centinela" para detectar posibles enfermedades profesionales que se presentan con un origen común. Según los sindicatos, los datos hablan por sí mismos. En esta comunidad, se reconoce una enfermedad profesional por cada 151 trabajadores, mientras que en Madrid la proporción es de una enfermedad reconocida por cada 2.235 trabajadores y en Canarias de una por cada 6.500 profesionales.
Para CC.OO. y UGT, "más que caerse de un andamio", son las enfermedades laborales y los riesgos psicosociales los principales problemas de salud laboral que tienen los trabajadores tanto en la UE como en España. Son, según sus palabras, la "cara invisible" de la siniestralidad laboral, pues a la falta de transparencia estadística que existe sobre el tema se une el desconocimiento de algunos trabajadores acerca de fenómenos como el acoso moral y laboral. "El trabajador no sabe lo que es el acoso y cuando se lo explicas lo entiende. Cuando algo no se conoce, no se puede prevenir", añadió Hernández.
Los sindicatos también critican que haya comunidades autónomas que no estén publicando qué empresas han sido sancionadas gravemente por incumplir las normas preventivas o que no den a conocer en qué grado se están ejecutando dichas sanciones. Al Gobierno central, por su parte, le piden que siga desarrollando la estrategia de salud laboral y advierten, tanto a unos como a otros, de que van a ser "muy beligerantes" para que se cumplan la ley y los acuerdos sociales.
