Asegura que la reforma laboral ha sido "la más agresiva de la democracia" y acusa al Gobierno de "desmantelar" el Estado del Bienestar
MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
UGT ha elaborado un documento de balance de la presente legislatura en el que acusa al Gobierno de haber desplegado una política "autoritaria" para poner en práctica su "programa oculto", cargado de una ideología "profundamente conservadora".
En el documento, titulado 'Cuatro años de regresión social y económica', el sindicato liderado por Cándido Méndez asegura que en estos últimos cuatro años ha habido "falta de diálogo" y que éste ha sido sustituido por "un verdadero rodillo conservador que ha tenido consecuencias muy negativas sobre la calidad de la vida de las personas, las capacidades de desarrollo de España y las libertades y derechos colectivos".
Y todo ello, señala la central, ni siquiera habría servido para impulsar el crecimiento económico, en todo caso para frenarlo, en tanto que los verdaderos motores de la recuperación estarían siendo la depreciación del euro frente al dólar, la caída de los precios del petróleo y la política monetaria expansiva del BCE.
Más en detalle, UGT sigue insistiendo en que uno de los objetivos fundamentales de la reforma laboral fue promover una devaluación salarial generalizada, que se está viendo exacerbada por la precariedad del nuevo empleo. Esto lleva, según apunta, a más pobreza y desigualdad.
Las cifras que maneja el sindicato hablan de una caída de los salarios reales del 4,2% desde 2011, a lo que habría contribuido el Gobierno con su "cicatería", al subir de media 1,80 euros al mes el salario medio interprofesional (SMI) cada año de la legislatura. Como resultado, apunta, pese al casi estancamiento de los precios, el SMI han perdido 2,1 puntos porcentuales de capacidad adquisitiva en este periodo.
DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO DEL BIENESTAR.
Por otro lado, el término "desmantelamiento" es usado en diversas ocasiones a lo largo del documento para referirse, por ejemplo, al impacto de la reforma laboral de 2012, "la más agresiva de la vigente democracia", sobre la negociación colectiva. En su opinión, dicha reforma "dislocó" las relaciones laborales en el seno de las empresas en favor de los patronos.
"No obedeció a directrices impuestas desde las instituciones europeas como contenido de la agenda de recortes, sino a decisiones autónomas del Gobierno, derivadas de su agenda oculta, de sus planteamientos tradicionales sobre el mundo del trabajo, y de su voluntad de modificar de manera estructural el funcionamiento del mercado laboral para adaptarlo al conservador ideario que defiende", apostilla el sindicato.
Del mismo modo, la organización acusa al Gobierno de haber frenado el diálogo social y, aunque reconoce una recuperación en julio de 2014, con el 'Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo', señala que su cumplimiento ha sido "muy desigual".
Otro de los objetos del desmantelamiento, según el sindicato, ha sido el Estado del Bienestar. Sobre uno de sus pilares, las pensiones, señala que el Gobierno ha desplegado una auténtica "contrarreforma" del sistema público que "ha supuesto un retroceso de los derechos de los actuales y los futuros pensionistas".
En paralelo, el sindicato argumenta que la gestión del Gobierno ha llevado a que el déficit de la Seguridad Social se haya multiplicado por 11, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social haya perdido más de 25.000 millones de euros o que la comparación entre la cuantía de la pensión y el último salario (tasa de sustitución o reemplazo) se haya reducido en más de siete puntos porcentuales en los últimos cuatro años.
En materia de vivienda, UGT lamenta que el presupuesto público destinado a estas políticas haya disminuido un 50,7%, volviendo "inoperativo" el Plan Estatal, de modo que se han construido un 79,9% menos de viviendas protegidas y se han reducido las actuaciones de rehabilitación un 88,8%.
Por último, el documento también alega que "ha sido una legislatura perdida para la política industrial" y en la que las decisiones sobre el ámbito de la energía han sido "erráticas y descohesionadas".
