5 de abril de 2020
 
Publicado 09/02/2020 10:48:45 +01:00CET

Ciudadanos plantea evaluar cuánto cuestan las malas prácticas en la contratación pública

Los diputados de Ciudadanos Marcos de Quinto, Marta Martín y Guillermo Díaz, escuchan atentos una intervención en el Pleno del Congreso
Los diputados de Ciudadanos Marcos de Quinto, Marta Martín y Guillermo Díaz, escuchan atentos una intervención en el Pleno del Congreso - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha planteado al Gobierno evaluar el coste para las Administraciones públicas de "las malas prácticas y posibles ilegalidades" en materia de contratación pública, y así lo traslada en una batería de preguntas registradas en el Congreso por sus diputados Marcos de Quinto y Mari Carmen Martínez Granados.

En la iniciativa, recogida por Europa Press, los diputados señalan que, pese a que la Ley de Contratos del Sector Público trató de reducir el peso de los contratos adjudicados a dedo, rebajando los límites para recurrir a la contratación menor, un estudio elaborado por la Fundación Civio revela la firma de más de 6.500 adjudicaciones que contravienen la norma.

Estas adjudicaciones, por un total de 53 millones de euros, lo conforman grupos de contratos adjudicados a una misma compañía, por una sola administración, y en repetidas ocasiones a lo largo del año, presentando así claros indicios de fraccionamiento.

IRREGULARIDADES EN CASI LA MITAD DE LOS CONTRATOS MENORES

Según los datos de Civio citados por Cs, a la cabeza de estas prácticas se encuentra la Diputación Provincial de Ourense, con 120 contratos por 2,3 millones de euros. Sumadas las adjudicaciones sospechosas a otras a la misma empresa, superan los umbrales de la regulación de contratos menores.

Siguen a esta diputación la Autoridad Portuaria de Tarragona, con 116 contratos adjudicados por 1,8 millones, o la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de Cantabria, con 59 contratos por 1,6 millones.

Por otro lado, señalan que el Tribunal de Cuentas en un reciente informe apuntó al Ayuntamiento de Barcelona por adjudicar 64 contratos en 2016 por importes que diferían por un euro de los umbrales legales establecidos.

De Quinto y Martínez Granados también recuerdan cómo la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación (OIReScon) había detectado irregularidades en casi la mitad de los contratos menores del pasado año. Para este organismo reclaman más recursos y cambios legales que permitan "fortalecer" el papel de supervisión en los procesos de contratación.

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