MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Congreso espera aprobar en la última sesión plenaria de febrero las conclusiones de la comisión que investigó la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, todo ello a expensas de que un adelanto electoral no precipite la disolución anticipada de las Cortes Generales.
Según ha informado este jueves la presidenta de esta comisión de investigación, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, su intención es poder llevar al Pleno del Congreso de dentro de dos semanas, entre el 26 y el 28 de febrero.
Y es que, pese a que la intención inicial era poder someter estas conclusiones a la deliberación de la Cámara Baja en el primer Pleno de febrero, una vez se reanudara el período ordinario de sesiones, el debate de totalidad de los Presupuestos ocupó esta primera semana y los grupos no acordaron la inclusión de este punto en el Pleno de la próxima semana.
Eso sí, en caso de una disolución anticipada de las Cortes Generales por un adelanto electoral, estos planes podrían irse al traste, ya que todas las iniciativas parlamentarias en curso decaen, y también el trabajo de las comisiones de investigación como el de la que preside Oramas.
SE APROBÓ CON VOTOS DE PP Y PSOE
El dictamen consta de un informe, que relata la investigación parlamentaria realizada, con citas y datos a partir de los documentos aportados por los grupos, un bloque de antecedentes, con la documentación reclamada por la comisión y la relación de comparecientes, tanto los que acudieron como los q no lo hicieron, y un bloque de conclusiones y propuestas de los grupos.
El informe fue aprobado favorablemente por PP, PSOE, Esquerra Republicana, PNV y Coalición Canaria, mientras que Unidos Podemos y Compromís se abstuvieron y Ciudadanos optó por votar en contra. Sin embargo, todos ellos, a excepción de las formaciones del Grupo Mixto (CC y Compromís), decidieron registrar sus votos particulares
EL BANCO DE ESPAÑA NO ACTUÓ CONTRA LAS BURBUJAS
En su relato, la comisión de la crisis financiera reprueba la gestión realizada por el Banco de España y el resto de organismos de supervisión pues considera que "no hicieron frente a sus obligaciones" para actuar contra la burbuja de crédito y la burbuja inmobiliaria.
Así, considera que "había herramientas disponibles" para actuar por parte del Banco de España, pero que estas herramientas "no se usaron por falta de voluntad política", y carga contra el supervisor en su gestión sobre las preferentes, pues cree que "no impidió" su venta pese a que "ya se tenía constancia sobre la aversión a estos productos por parte de los inversores institucionales". Su venta es considerada como "una decisión desesperada de la industria financiera" y "un claro engaño a los consumidores",
Además, el informe apunta también a los gobiernos de Felipe González y José María Aznar por la aprobación de diferentes leyes. Al presidente del PP le achacan la Ley del Suelo, que "favoreció el aumento de suelo urbanizable disponible", y al socialista la regulación de fondos de titulización, que permitió que los créditos no figuraran en las cuentas de entidades y así no asumir el riesgo.
"MALAS PRÁCTICAS" EN BANCOS Y CAJAS
También condena "el funcionamiento del modelo de negocio bancario" desarrollado "a lo largo de las últimas décadas" como "una de las causas de la crisis financiera". "Este modelo basaba su crecimiento en la expansión del negocio hipotecario e inmobiliario, tanto en volumen como copando amplios territorios", subraya.
El informe apunta que "la propensión al desarrollo de operativas que aumentaban el riesgo de entidades se daba de manera similar entre bancos y cajas de ahorro, por lo que la asunción de estas malas prácticas se relaciona más con la gobernanza de cada entidad particular que con su forma jurídica y titularidad". De hecho, destaca que también muchos bancos recurrieron a la venta de preferentes.
"Del fracaso de las cajas no cabe concluir el éxito de los bancos. A estos últimos les salvó su diversificación internacional, mientras que en España también experimentaron dificultades y ayudas puntuales", abunda el informe, que pone de ejemplo el creciente peso del negocio internacional en las dos mayores entidades, Banco Santander y BBVA.
ERRORES "PARTICULARES", NO POR LA POLITIZACIÓN
Respecto a los diferentes modelos de gestión, gobernanza y una posible politización de las entidades, el informe señala que "las decisiones erróneas son tomadas por personas particulares o grupos de personas, independientemente de su profesión o filiación", y también la existencia de "incentivos perversos que promueven la toma de decisiones erróneas".
Así, asegura que "lo que hay detrás de las malas praxis que se dieron en muchas entidades de crédito, tanto bancos como cajas de ahorro, son determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses particulares", y niega que la diferente titularidad de cajas respecto a los bancos haya sido "un factor determinante en su diferente exposición a la crisis".
En este sentido, atribuye las malas prácticas en el sector a la búsqueda de mejoras en la cuenta de resultados "de manera creciente y continuada" y al "establecimiento de sistemas de remuneración e incentivos ligados a la consecución de objetivos".
