MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha asegurado este miércoles que el acuerdo de comercio que la Unión Europea está negociando con Estados Unidos --TTIP, por sus siglas en inglés-- no provocará en ningún caso una desregulación, y que dejará fuera materias particularmente sensibles como los servicios públicos o la normativa de los organismos genéticamente modificados.
García-Legaz ha comparecido ante la Comisión de Economía del Congreso para dar cuenta de la evolución de las negociaciones, que comenzaron en junio de 2013, y de sus principales contenidos, incluyendo los más polémicos como la protección a los consumidores, la regulación social, laboral y medioambiental; o la normativa de protección a los inversores.
El secretario de Estado ha afirmado que el objetivo del acuerdo "no es desregular, sino aproximar las regulaciones" de ambos bloques regionales, por lo que "no reducirá los estándares" europeos en materia laboral o de protección del medio ambiente, ni tampoco "contendrá disposiciones que pongan en entredicho la capacidad de la UE de regular esos aspectos".
SE PERMITIRÁN CIERTOS MONOPOLIOS
"Quisiera lanzar un mensaje tranquilizador, porque la UE no va a adoptar compromisos sobre servicios públicos esenciales. En particular, existen reservas especiales en materia de salud, educación y agua, y el TTIP ofrecerá varias garantías sobre estos sectores. Particularmente, se permitirá mantener monopolios y derechos exclusivos sobre los servicios públicos esenciales, y se respetará en todo momento la legislación española y europea", ha afirmado.
En el mismo sentido, ha precisado que la legislación de los transgénicos, sobre la que Estados Unidos tiene especial interés, "no será objeto de negociación", al considerar la Comisión Europea (CE) que la normativa comunitaria "está ampliamente basada en evidencias científicas".
Además, los estados miembros de la UE también mantendrán su capacidad de desarrollar políticas de promoción de la diversidad cultural y se dará un "tratamiento específico" al sector audiovisual, que también está fuera del perímetro de las negociaciones.
