Pide duplicar los inspectores y elegir en el Parlamento al director de la Agencia Tributaria
MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSOE defenderá este jueves en el Pleno del Congreso una proposición no de ley con la que plantean una veintena de ideas para luchar contra el fraude fiscal a través de las que calcula que se podrían recaudar hasta 30.000 millones de euros adicionales cada año, que servirían para financiar de forma sostenible el Estado del Bienestar, salir de la crisis evitando nuevos recortes y estabilizar el déficit y la deuda.
Entre otras cosas, los socialistas defienden la necesidad de comenzar por reestructurar la Agencia Tributaria (AEAT) garantizando una mayor independencia con el nombramiento de su director general a través de una mayoría reforzada de dos tercios del Congreso, así como estableciendo un mandato de seis años para que no coincida con la legislatura.
Además, es necesario que en los próximos cuatro años se duplique el número de efectivos dedicados a la lucha contra el fraude hasta alcanzar los 5.000 empleados entre inspectores, técnicos, administrativos y agentes tributarios, de modo que España se sitúe en la media de los países de mayor tamaño de la UE. En el mismo sentido, se podría articular un sistema retributivo en el que se prime la lucha contra el fraude.
Para conseguir un trabajo más eficaz, los socialistas abogan por crear una Oficina de Lucha contra el Fraude específica que coordine a los diferentes departamentos de la Administración central y las territoriales, y que plantee un plan de formación y especialización para jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, "creando en su caso una policía fiscal".
La Agencia debería contar asimismo con más recursos, lo que sería posible "con sólo cumplir la ley", permitiendo que el 5% de la recaudación bruta derivada de los actos de liquidación reviertan en su actividad de lucha contra el fraude sin necesidad de que el ministro de Hacienda lo autorice como sucede actualmente.
REFORMA FISCAL
El PSOE reclama por otra parte una reforma fiscal que "simplifique los impuestos y elimine deducciones y exenciones", una revisión del régimen de estimación objetiva y una actualización anual de la Ley Antifraude para "corregir los vacíos legales" que se detectan. El Congreso debería recibir además un informe sobre la evaluación de los resultados de esta política cada ejercicio.
Entre las medidas para mejorar la concienciación social contra la evasión fiscal, el principal partido de la oposición incluye la posibilidad de permitir que la ciudadanía conozca la identidad de los contribuyentes que gocen de beneficios tributarios a partir de una determinada cuantía, así como de su importe concreto. E insisten en la necesidad de publicar los nombres de los grandes defraudadores del país, comenzando por los que se acogieron a la 'amnistía fiscal' de 2012.
En relación con este asunto, la propuesta insiste en que se incluya en el Plan de Control Tributario anual de la AEAT los aproximadamente 30.000 beneficiarios de dicha regularización extraordinaria, y que se reformen los procedimientos para poder "perseguir de forma más eficaz" el fraude organizado, modificando incluso el Código Penal para que las condenas "supongan el ingreso efectivo en prisión" de quienes defraudan.
Asimismo, se plantea un cambio en la regulación sobre la responsabilidad solidaria de las instituciones financieras y asesores fiscales que colaboren en la evasión de impuestos y en la comisión de infracciones tributarias.
COLABORACIÓN INTERNACIONAL
El resto de medidas incluidas en la proposición no de ley pasan por reforzar la colaboración internacional en la lucha contra el fraude. Entre otras propuestas, se recoge la de suprimir los billetes de 500 euros y limitar los pagos en efectivo entre empresas y particulares, reduciendo a la par los costes del pago electrónico.
También se plantea impulsar en la UE la creación de una lista negra de paraísos fiscales que esté sujetos a unas sanciones consensuadas entre los estados miembros, tales como la suspensión de los convenios de doble imposición o la imposibilidad de acceder a ayudas o contratos públicos a las empresas localizados en esos estados.
Asimismo, se sugiere la posibilidad de "exigir a las entidades financieras información sobre las empresas y particulares que tengan cuentas e intereses económicos en un paraíso fiscal" e incluso de revocar sus licencias bancarias a las entidades que operen desde esos países.
Por último, se propone instar a la OCDE a que ponga en marcha un nuevo modelo de convenio de doble imposición que "incluya la filosofía de la Ley FATCA, basada en el intercambio automático de información", así como exigir una "información clara y transparente de la contabilidad de las empresas", incluidas las multinacionales.
