MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La decisión de la empresa suiza de certificación SGS Qualifor, de otorgar el distintivo del Consejo de Manejo Forestal FSC a la empresa maderera malayo-coreana Barama Company Limited (BCL) hace "fruncir el ceño" a los grupos ecologistas, según publica el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM en sus siglas en inglés) en su boletín.
La empresa, que opera en una concesión de 1,69 millones de hectáreas en el noroeste de Guayana, ostenta una trayectoria marcada por el rechazo de distintos sectores.
La controversia comienza con las actividades de Samling Timbers Sdn Bhd, la maderera malaya co-propietaria de BCL junto con la transnacional surcoreana Sun Kyong. Según el boletín, "las actividades de tala de árboles de la empresa de Malasia en las tierras ancestrales de de los Penan de Sarawak siguen generando protestas".
La intención de BCL de obtener el certificado alarmó a los silvicultores desde que, en 2003, se acusara a la empresa de que "supuestamente había insistido en eliminar de las actas de una reunión de múltiples partes interesadas todas las quejas expresadas por los amerindios", según el autor, quienes podrían ver afectadas sus comunidades sobre el río Cuyuni, en el sur de Guayana.
Asimismo, se cuestionó la decisión de la empresa de no esperar la Certificación Forestal de la Iniciativa Nacional de Guayana y en su lugar, "obtenerla bajo la norma genérica de SGS Qualifor".
El certificado de SGS Qualifor, emitido en febrero de este año, ha sido calificado por WRM de "documento extraño". Según la organización, "en lugar de examinar el plan de manejo y desempeño de la unidad forestal completa, el certificado se aplica solamente a las 570.000 hectáreas en las subdivisiones cuarta y quinta (la concesión se ha dividido en siete partes).
Según WRM "la auditoría parece ignorar por completo las inquietudes surgidas en torno a los conflictos en la fábrica de contra chapado y la controvertida compra de madera de fuera de la concesión por parte de la empresa" y acusa a la empresa de certificación suiza de "llevar la certificación parcial a otro nivel".
Además, la auditoría excluye de su consideración las tres primeras zonas madereras en Port Kaituma, al norte de la concesión, donde la empresa "encontró tanta oposición".
Según la organización ecologista, durante la explotación de la zona en la década de los noventa, "las actividades de la maderera fueron denunciadas por la Asociación de Pueblos Amerindios, la principal organización indígena nacional, que documentó la forma en que las operaciones de BCL habían ignorado los derechos indígenas, excavado en cementerios, realojado forzosamente a los pobladores amerindios para hacer lugar a la laguna donde generalmente se tiran los troncos, y habían permitido que cazadores y mineros se sirvieran de las carreteras madereras para destruir el medio ambiente del lugar".
Otro punto de controversia surgió a raíz de las declaraciones de BCL en una rueda de prensa convocada para anunciar su certificación, en la que se dijo que "en sus 15 años sus operaciones no habían generado lucro". Para WRM, "la supuesta falta de rentabilidad de BCL nos obliga a preguntar cómo hizo la empresa para ser certificada siendo uno de los principios claves del FSC el hecho de que las operaciones sean económicamente viables".
