MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
Álvaro Ruiz-Mateos, hijo del fundador de Nueva Rumasa y administrador de Clesa, ha calificado de "inexplicable" y "ridícula" su imputación por presuntos delitos contra la Seguridad Social y alzamiento de bienes presuntamente cometidos por su gestión de la empresa láctea.
"La Seguridad Social concedió a Clesa un aplazamiento de los pagos porque consideró que la deuda (9 millones de euros) estaba suficientemente garantizada por la sociedad", explicó Ruiz-Mateos tras declarar ante el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, que investiga los hechos desde principios de marzo.
Álvaro Ruiz-Mateos afirmó "no entender" cómo la Seguridad Social concede a Clesa un aplazamiento del pago para después presentar una querella contra él y el director de Clesa, Antonio Álvarez-Montalvo, que también declaró hoy como imputado ante el juez, pero evitó hacer declaraciones a su salida.
Respecto al delito de alzamiento de bienes, derivado de un presunto traspaso de fondos de Clesa a Cacaolat, Ruiz-Mateos justificó que la segregación entre las dos empresas se hizo "por motivos comerciales", dado el éxito que la marca Cacaolat tiene en Cataluña.
En este sentido, el administrador de Clesa recordó que Cacaolat sigue siendo propiedad de Clesa (con el 95% de las acciones), por lo que "no existe un alzamiento de bienes" y el delito "no tiene sentido".
"NUEVA RUMASA ES VIABLE AL 100%"
El hijo de Ruiz-Mateos aseguró que todas las empresas del 'holding' Nueva Rumasa "son viables al 100%" y que "saldrán adelante", a pesar de la situación concursal en la que se encuentra la mayoría de ellas, al ser preguntado sobre las declaraciones pronunciadas ayer en este sentido por el Ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez.
"Coíncido con el ministro", aseguró Ruiz-Mateos, aunque matizó que la afirmación de Gómez en la que condicionó la viabilidad de las empresas a un posible relevo en la gestión se refería a "un cambio en el modelo de gestión, pero no de los gestores". "Estamos muy contentos del resultado de la reunión mantenida con el ministro de Trabajo", insistió.
A principios del mes de marzo, el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid abrió diligencias previas para investigar estos supuestos delitos tras recibir un informe con las declaraciones de ambos directivos de Nueva Rumasa ante la Policía.
El procedimiento judicial se inició tras una denuncia formulada por la Brigada de Delincuencia Económica por un presunto fraude a la Seguridad Social de 9 millones de euros y un posible alzamiento de bienes.
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