MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que entrará en vigor el próximo martes 1 de enero de 2013 y que tiene como objetivo recaudar y destinar a la tarifa eléctrica 3.000 millones de euros para aplacar el déficit de tarifa.
La norma incluye un impuesto del 7% a la producción de electricidad, nuevos gravámenes a la nuclear, retirada de exenciones fiscales a productos como el carbón, el fuel o el gas natural para generación eléctrica, y un nuevo canon a la producción hidráulica.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha defendido la aprobación de esta ley para acabar con un déficit de tarifa que suma 24.000 millones. "Son medidas que no gustan a todos, o a ninguno, pero es evidente que el Gobierno no está ahora para adopar decisiones que nos gustan, sino para adoptar las medidas necesarias para reconducir los desequilibrios existentes", señaló recientemente en los desayunos de Europa Press.
De hecho, la ley ha sido fuertemente contestada desde diversos ámbitos. Nuclenor ha anunciado el cierre de la central nuclear de Garoña por los nuevos impuestos y las eléctricas convencionales han advertido de que los diferentes gravámenes afectarán a las inversiones y a la condición del sector de motor de la economía.
Además, las renovables se sienten discriminadas por una tasa del 7% a la producción que otras tecnologías sí podrán trasladar al consumidor final, mientras que la termosolar, cuyo apoyo a la generación eléctrica mediante gas ha quedado fuera de primas, ha advertido de posibles recursos millonarios de inversores internacionales.
Por último, la cogeneración anuncia su "expulsión" al sufrir una triple fiscalidad, las asociaciones de consumidores denuncian subidas de tarifas eléctricas y la industria advierte de pérdida de competitividad y posibles despidos y deslocalizaciones.
DE LOS PGE A LA TARIFA
La nueva norma incluye un cambio de fondo en la Ley del Sector Eléctrico de 1997 para fijar un mecanismo por el que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) podrán financiar la tarifa eléctrica.
A partir de ahora, los costes regulados del sistema eléctrico "serán financiados mediante los ingresos recaudados por peajes de acceso a las redes de transporte y distribución satisfechos por los consumidores y los productores, así como por las partidas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado", dice la nueva ley.
Esta financiación a través de las cuentas públicas será en un importe equivalente a la estimación de la recaudación anual con los nuevos impuestos y a un máximo de 500 millones procedentes de los ingresos con las nuevas subastas de derechos de emisión de CO2.
