MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, se mostró hoy convencido de que el Gobierno de la Nación "comparte los criterios del Ayuntamiento" de la capital con respecto a la nueva Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, y que el Tribunal Constitucional también lo hará, tras el anuncio de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa de la Vega, de que el Ejecutivo central presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el TC contra esta normativa.
"En todo momento hemos canalizado nuestra oposición a esta Ley por las vías que el ordenamiento jurídico nos permite, incluyendo con un recurso contencioso-administrativo, pero no teníamos legitimidad para, de acuerdo a la Constitución, interponer un recurso de inconstitucionalidad. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sí la tiene y se acaba de pronunciar tras conocer los preceptivos informes", indicó el vicealcalde.
En concreto, se refería al dictamen del Consejo de Estado, "el máximo órgano consultivo" que "lógicamente tiene que compartir los criterios de este Ayuntamiento para que el Gobierno haya adoptado esta decisión", según su punto de vista. Así, el Consistorio analizará el documento "con todo el interés" una vez sea posible porque el Ejecutivo local está convencido de que recogerá el argumento de que "los intereses de los madrileños se han visto conculcados en esta Ley".
"Es muy importante que quede muy claro que el Ayuntamiento sólo ha defendido los intereses de los ciudadanos (de la capital) y, con el máximo respeto a todas las instituciones, creemos que el TC dará la razón a los argumentos que hemos esgrimido desde el primer momento y que, tras el informe del máximo órgano consultivo del Estado, el Gobierno hace suyos con este recurso de inconstitucionalidad", insistió el concejal.
Desde que el Gobierno autonómico aprobó la Ley de Acompañamiento el pasado mes de diciembre, norma en la que se incluía el cambio de legislación para Caja Madrid, se ha abierto un nuevo campo de batalla entre la presidenta Esperanza Aguirre y el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, ya que la Ley de Cajas reduce del 70% al 40% la representación de la capital en la asamblea general de la entidad.
"El mayor problema deriva del contenido de la nueva legislación ya que a nuestro juicio, que hemos reiterado en varias ocasiones, conculca la legislación básica estatal (LORCA) y puede ser inconstitucional. Los nuevos criterios de designación de consejeros generales no cumplen los principios de igualdad y proporcionalidad, por lo que de forma injustificada Madrid ciudad ha visto reducida su capacidad de representación, perjudicando claramente a los ciudadanos que representa este Ayuntamiento", justificó Cobo.
Según el criterio municipal, el número de depósitos debería ser el baremo de la representación, "de acuerdo con la LORCA". Sin embargo, "en la nueva Ley (regional) queda totalmente desvirtuado, lo que conlleva una clara vulneración del principio de igualdad de legislación estatal", apostilló el vicealcalde.
"Desde el primer momento, desde el primer minuto, el Ayuntamiento de Madrid ha mantenido, y así lo hemos hecho público, que dicha modificación planteaba serias dudas de legalidad por cuestiones formales y materiales, y hablo exclusivamente de cuestiones que afectan a los ciudadanos de Madrid", zanjó el edil, sacando así de la polémica las posibles discrepancias entre Aguirre y Gallardón a cuenta de la renovación de Miguel Blesa como presidente de la entidad.
