Economía/(Ampliación).- Bruselas pide explicaciones a España por el decreto que aumenta los poderes de la CNE

BRUSELAS 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha enviado una carta a las autoridades españolas en la que pide explicaciones por el decreto aprobado por el Gobierno el pasado 24 de febrero que aumenta los poderes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que examine la oferta pública de adquisición (OPA) de la eléctrica alemana E.ON sobre Endesa.

A juicio del Ejecutivo comunitario, los cambios normativos podrían crear obstáculos indebidos al derecho de establecimiento de empresas comunitarias y a la libre circulación de capitales. España tiene 10 días para responder a estas preocupaciones.

La misiva, enviada el viernes por la tarde por los servicios del

comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, señala que la "respuesta" del Gobierno español a la OPA de E.ON sobre Endesa, ha dado "motivos de preocupación" al Ejecutivo comunitario, según explicó el portavoz, Oliver Drewes.

En particular, la carta se refiere al decreto que amplía los poderes de la CNE y crea un "nuevo sistema de autorización" para la adquisición de acciones por parte de empresas que trabajan en actividades reguladas o llevan a cabo actividades sujetas a controles administrativos "especiales".

"A juicio de la Comisión, la nueva normativa nacional podría crear

obstáculos al derecho de establecimiento de nacionales de otros estados miembros, y también a la libertad de capitales en la comunidad porque puede entorpecer o hacer menos atractivos estos derechos", dijo Drewes.

Por ello el Ejecutivo comunitario quiere recibir respuestas a una serie de "cuestiones específicas" que aparecen enumeradas en la carta y que el portavoz no quiso desvelar.

Asimismo, recuerda a España que todavía no ha contestado a una carta anterior del 20 de febrero en la que Bruselas solicitaba aclaraciones sobre el proyecto de ley adoptado por el Gobierno el 25 de noviembre de 2005 para derogar la 'acción de oro' en Endesa, Telefónica y Repsol.

El "corto plazo" de 10 días que Bruselas da al Gobierno español para responder se debe a "la urgencia de esta cuestión". "Cuando hayamos recibido la respuesta, la leeremos cuidadosamente, la analizaremos, y sólo después decidiremos cuál debe ser el próximo paso en este tema", concluyó el portavoz. Si la Comisión no está satisfecha con las explicaciones de España, podría abrir un procedimiento de infracción, cuyo último paso es una denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo.