PAMPLONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
Cementos Portland Valderrivas ha presentado este jueves ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra una solicitud para modificar la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la fábrica de Olazagutía a fin de incorporar nuevos combustibles alternativos.
Además del 'pet coke' -que es un derivado del petróleo y que se utiliza actualmente- y de la madera y el corcho -para los que la empresa ya tiene permiso-, se ha pedido autorización para emplear combustibles procedentes de residuos no peligrosos y no reciclables, cuyo destino actual es el vertedero.
El uso de estos combustibles alternativos, ha explicado la empresa en un comunicado, "permitirá reducir los costes de producción, lo que contribuirá a mejorar la posición competitiva de la fábrica en un momento complicado para el sector del cemento, cuyo consumo en España ha caído a niveles de 1965".
La incorporación de estos combustibles, según Portland, "aportará también beneficios medioambientales a la Comunidad foral al reducir las emisiones de C02 a la atmósfera".
En este sentido, la fábrica ha explicado que, según la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europa, "por las características de su combustión, los hornos de cementos son un medio limpio y seguro para evitar que los residuos terminen en el vertedero, que es la peor solución medioambiental".
El Gobierno de Navarra y Cementos Portland Valderrivas han firmado recientemente un convenio de colaboración que prima el uso de residuos no peligrosos generados en Navarra, lo que, en opinión de la empresa, "garantiza que los beneficios medioambientales revertirán en la Comunidad foral".
La solicitud presentada este jueves, ha detallado la empresa, está acompañada por un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que incluye las aportaciones recogidas durante el proceso de consultas previas, en el que, según Portland, han participado instituciones como la Mancomunidad de Sakana, los Ayuntamientos del valle, partidos políticos presentes en el Parlamento de Navarra, sindicatos (CC.OO., UGT, ELA, LAB), la CEN, universidades, la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Diputación alavesa y el Gobierno Vasco, así como grupos ecologistas.
