MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
La secretaria General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Rosana Navarro, ha mantenido la primera de una serie de reuniones con representantes empresariales de diversas asociaciones, con el objetivo de abordar la problemática de los periodos de pago a proveedores, en la medida en que la demora en estos pagos causa un grave perjuicio para el conjunto de los proveedores reduciendo notablemente su competitividad.
Estas reuniones se inscriben en el proceso de diálogo iniciado en julio de 2014 entre el Ministerio y asociaciones de empresarios, informó el gabinete dirigido por Cristóbal Montoro.
En concreto, el Ministerio ha impulsado un conjunto de reformas para erradicar la morosidad en el ámbito del sector público, dirigidas tanto a Comunidades Autónomas(CCAA) como a Entidades Locales (EELL), entre las que destacan el Plan de Pago a Proveedores, el Fondo de Liquidez Autonómico, la Ley de impulso de factura electrónica, la creación del registro contable de facturas en el sector público, o la Ley Orgánica de control de la deuda comercial y la obligación para todas las Administraciones Públicas de calcular y publicar su período medio de pago, con la finalidad de que los ciudadanos y sus proveedores conozcan si cada entidad cumple o supera el plazo mmáximo previsto en la normativa sobre morosidad en el pago de sus facturas.
Hacienda indicó que esta publicación, de carácter mensual para CCAA, capitales de provincia y municipios de más de 75.000 habitantes, se realiza conforme a una metodología común y homogénea, lo cual le dota de transparencia, implica un avance en las posibilidades de análisis de los datos, tanto en el tiempo como entre las distintas administraciones y supone un incentivo a su reducción para las propias Administraciones.
Las actuaciones de seguimiento previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera prevén un conjunto de medidas para aquellas Administraciones cuyo periodo medio de pago supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, llegando incluso a la retención por parte del Estado de los recursos de los regímenes de financiación para pagar directamente a los proveedores y reconducir de forma imperativa su PMP al plazo máximo legal.
