MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
Transparencia Internacional España ha presentado un decálogo de 'Principios de Transparencia y Prevención de la Corrupción para Empresas' en el que recomienda a las empresas que ofrezcan información pública de las retribuciones de los directivos y administradores e información pública de las contrataciones con el sector público y subvenciones concedidas con el objetivo de prevenir la corrupción e instaurar una nueva cultura cultura empresarial que evite estos comportamientos.
El documento tiene como objetivo servir de guía tanto a las empresas de grandes dimensiones como a las pyme, debido a que, como ha señalado durante la presentación la catedrática de Derecho Penal, Silvina Bacigalupo, "el Código Penal no distingue el tamaño de las empresas para determinar la responsabilidad penal".
En este sentido, Bacigalupo ha explicado como ponente del proyecto que "la existencia de corrupción afecta en el mercado a la competencia leal entre las distintas empresas y a los destinatarios finales que son los consumidores". Así, el decálogo aboga por el cumplimiento de los principios de Código de buen gobierno corporativo, actualmente de cumplimiento voluntario en España y sólo aplicables a empresas cotizadas, así como la implementación en las empresas de un Código Ético "para recoger los principio que han de presidir el comportamiento de todos los miembros de la empresa".
Junto a ellos, la organización demanda la implementación de 'Programas de Cumplimiento Normativo' (Compliance Programmes), para "fortalecer la conciencia del cumplimiento normativo en la empresa" y la implementación de canales de denuncia, para la comunicación de posibles incumplimientos de las normas internas de la empresa o de las normas legales. Según Transparencia Internacional, "los canales de denuncia deben permitir la posibilidad de que cualquier miembro de la empresa denuncie de forma confidencial el incumplimiento por parte de otros miembros y ofrecer la posibilidad a terceros comuniquen incumplimientos y conductas ilícitas o ilegales".
El listado se completa con la demanda de prácticas para evitar el favorecimiento y corrupción en el sector privado y de corrupción de funcionarios extranjeros en transacciones internacionales y con la petición a las empresas del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
En este aspecto, Bacigalupo ha señalado que la Amnistía Fiscal anunciada por el Gobierno es "una decisión política que causa sorpresa porque va en contra de los mecanismos que están habilitando otros países como Alemania", que ha pactado con Suiza un convenio para un mayor control de las aportaciones fiscales de sus ciudadanos.
Además, la ponente ha valorado como "importante" la medida anunciada por Rajoy de limitar el pago en metálico de transacciones a 2.500 euros cuando intervenga un empresario profesional pero ha asegurado que "no es nada nuevo porque sigue la línea abierta de la ley de prevención de blanqueo de capitales aprobada por el anterior Gobierno".
