El diálogo social, en 'punto muerto' por la reforma laboral, la congelación de las pensiones y el retraso de la jubilación a los 67 años
MADRID, xxxx (EUROPA PRESS)
La reforma laboral y la congelación de las pensiones han supuesto la ruptura del idilio que había primado en la relación del Gobierno y los sindicatos desde que Zapatero se instalara en La Moncloa en 2004, marcando 2010 como el año de la primera huelga general del líder socialista.
El presidente prolongó el diálogo social con sindicatos y empresarios durante casi dos años para intentar salvar un acuerdo que sirviera para apuntalar los cambios en el mercado de trabajo, pero la escalada sin freno del paro hasta sobrepasar los cuatro millones de parados y la exigencia de la UE de acometer reformas estructurales le obligaron finalmente a tomar la iniciativa y a aprobar por decreto la sexta reforma laboral de la democracia.
La extensión del contrato con una indemnización por despido de 33 días, la asunción por parte del Fondo de Garantía Social (Fogasa) de parte del despido objetivo y la ampliación de la modalidad del despido con 20 días de indemnización a pérdidas "actuales o previstas" o a la "disminución persistente del nivel de ingresos", tras el paso de la reforma por el Parlamento, soliviantaron a los sindicatos.
Así pues, las centrales decidieron ir a la huelga el pasado 29 de septiembre ante una reforma que consideraban un "atropello" contra los derechos de los trabajadores.
Pero la relación entre las centrales y el Ejecutivo de Zapatero ya empezó a enquistarse en el mes de mayo, cuando el primer coletazo de la crisis de deuda se cebaba con los países periféricos de la UE tras la quiebra de Grecia y obligaba a Zapatero a recortar los pilares de su política social.
Las exigencias desde Bruselas de acelerar la reducción del déficit para dejar clara la solvencia de España llevaron al Ejecutivo a eliminar el llamado 'cheque bebé', a congelar las pensiones en 2011, a rebajar el salario de los funcionarios y a reducir la partida de inversión pública. Todo un plan antidéficit que pretendía recortar el gasto en unos 15.000 millones de euros.
SIN DIÁLOGO SOCIAL.
A partir de aquí, los sindicatos no olvidaron el viraje del Gobierno, lo que se convirtió en un escollo insalvable para restablecer el malogrado diálogo social. Pero la cuerda se tensaría más si cabe con la propuesta del Ejecutivo de pivotar la reforma del sistema público de pensiones sobre el retraso obligatorio de la jubilación a los 67 años. Un nuevo acicate para la protesta de los sindicatos.
Desde entonces, y pese al 'guiño' con algunas medidas como la ayuda de 426 euros a los parados de larga duración sin ingresos, los líderes de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, endurecieron sus discursos. Toxo se mostraba más elocuente e incluso se atrevía a sugerir un cambio de Gobierno.
Pero los mercados no cesaron hasta cobrarse la segunda víctima de la crisis de deuda y obligaron a la UE y al FMI a salir al rescate de Irlanda. Esto supuso una segunda oleada aún más fuerte de las dudas sobre las cuentas públicas españolas y el segundo cambio en la política económica del Gobierno: rebaja de impuestos a las pymes, privatizaciones y la supresión de los 426 euros.
PLAZOS CERRADOS PARA LAS REFORMAS.
Los ultimátums lanzados desde el Gobierno para acelerar las reformas pendientes --las pensiones, la negociación colectiva y las políticas activas de empleo-- echan más leña al fuego. El Gobierno ya ha puesto el 28 de enero como fecha límite para reformar la Seguridad Social, y se empeña en limitar la de la negociación colectiva a marzo.
En este punto, que los sindicatos reivindican en la negociación a dos bandas con los empresarios, las conversaciones de los agentes sociales tampoco parecen avanzar y permanecen bloqueadas en las cláusulas de descuelgue de los convenios. Con posiciones "maximalistas", las dos partes se intercambian reproches que posponen una reforma de vital importancia para adaptar las empresas a la situación económica.
Y es que las relaciones entre las centrales y la patronal no pasan por sus mejores momentos, enfrentados desde un principio por la reforma laboral con escenificaciones que ponían de manifiesto las distancias insalvables en el diálogo social. Si un miembro de la CEOE cuestionaba la decisión de los sindicatos de convocar una huelga general cuando ya estaba aprobada la reforma laboral, Méndez se apresuraba y llamaba a éste "sicario, asesino a sueldo".
SALIDA DE DÍAZ FERRÁN.
Más aún, tanto empresarios como sindicatos han visto cuestionada su representatividad desde que arrancara la crisis. A Toxo y Méndez, sobre todo a este último por ser un amigo reconocido de Zapatero, se les ha acusado de actuar con condescendencia sobre el Gobierno, mientras que la patronal sufre una crisis de liderazgo tras las problemas empresariales del recién destituido Gerardo Díaz Ferrán, quien tras varios meses aguantando como cabeza visible de la CEOE finalmente cedió a las presiones internas y convocó elecciones anticipadas el pasado 21 de diciembre.
Ahora, la llegada de Juan Rosell al frente de la patronal quizá sirva para dar un nuevo impulso en la relación con las centrales y el Gobierno. De hecho, los sindicatos le consideran un "interlocutor social leal" y confían en que pueda "corregir" los errores de la etapa de Díaz Ferrán.
NUEVO MINISTRO PARA EL DIÁLOGO.
Precisamente para potenciar un cambio en el diálogo social y tratar de apaciguar a los sindicatos se interpretó la decisión del presidente del Gobierno de relevar al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien tras sufrir cada día el incesante aumento del paro decidió regresar a su 'casa política' y formar parte de las listas del PSC en las últimas elecciones catalanas.
El elegido por Zapatero fue una sorpresa, pues el nombre de Valeriano Gómez era de los que menos cotizaba en las quinielas. El nuevo ministro, afiliado a UGT y que secundó el 29-S, era considerado como un nuevo intento del presidente por restablecer el lazo sindical.
¿OTRA HUELGA A ZAPATERO?.
Sin embargo, la celeridad que trata de imprimir el Gobierno a la reforma de las pensiones, al abrir la puerta a un nuevo decreto, lleva a los sindicatos a amenazar con convertir el inicio del año en la fecha de la segunda huelga general a Zapatero. Toxo ya advirtió tras las manifestaciones del pasado 18 de diciembre que si el Gobierno retrasa la jubilación más allá de los 65 años, "habrá una nueva huelga general, y la habrá en enero".
Está por ver el recorrido de las negociaciones entre los agentes y el Ejecutivo, y si finalmente los sindicatos deciden ir más allá y endurecer su presión social para esquivar una salida a la crisis cimentada desde el ajuste y los recortes.
Por lo pronto, el año comienza caliente con el trasfondo de una nueva huelga general. Y todo bajo la atenta mirada de Bruselas y los mercados financieros para ver si la economía española logra la tracción necesaria para que pueda subirse al carro de la recuperación.
