MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
La patronal de la pesca europea Europche, y la Asociación de Pesca, Comercio y Consumo Responsable de Atún Rojo (Apcrr) han recogido la propuesta de Balfegó de exigir la implantación obligatoria del certificado electrónico eBCD, para la venta de piezas enteras de este tipo de atún en los mercados internos de los países miembros de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat), con el objetivo de intensificar los controles en la cadena comercial del atún rojo.
Según Europche y Apccr, el certificado eBCD permitiría comprobar la legalidad del atún rojo en cualquier punto de la cadena comercial ya que documenta cada ejemplar capturado y comercializado incluyendo información sobre el origen, destino y receptor de cada pieza.
El certificado se puso en marcha en 2016 y ha contribuido de forma palpable a dar "seguridad, agilidad y transparencia" a la cadena comercial, principalmente en el ámbito internacional (exportaciones), ya que, aunque las recomendaciones ICCAT contemplan su aplicación al comercio interno de cada país, aparentemente ninguna de las CPC de Iccat lo ha aplicado.
Aunque el objetivo de esta propuesta de Europche y Apccr es global y persigue intensificar los controles y mecanismos para erradicar -o reducir a su mínima expresión- la pesca y el comercio ilegal del atún rojo, conseguir su aplicación en los países miembros de la Unuón Europea sería un punto de partida básico para su implementación posterior por todos los países que forman parte de Iccat.
Las organizaciones destacan que las mejoras en las medidas de ordenación y control adoptadas en el seno de Iccat en los últimos 12 años han permitido que las autoridades españolas detectaran y desenmascararan en 2018 una importante trama de blanqueo de capturas ilegales y comercio fraudulento de atún rojo.
Asimismo, la investigación de la Guardia Civil 'Tarantelo', puso al descubierto una red que introducía anualmente en nuestro país más de 3.500.000 kilos de atún rojo ilegal proveniente fundamentalmente de Malta e Italia, y generando un beneficio ilícito de unos 25 millones de euros al año.
