MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
El sector pesquero español cree que su actividad ha de tener un mayor peso en el debate político y social de las próximas elecciones, teniendo en cuenta que aglutina a una comunidad de alrededor de 157.000 trabajadores y genera unos ingresos, sólo en primera venta, de más de 2.000 millones de euros a la economía nacional.
En este sentido, el sector, representado por Cepesca, ha hecho llegar a los partidos políticos un documento de trabajo que resumen, en diez puntos, sus reivindicaciones.
Entre ellas, el sector apunta como uno de sus mayores problemas la formación y escasez de tripulantes, ya que de no encontrarse soluciones muchos barcos deberán parar. Así, el sector solicita revisar y actualizar el sistema actual de formación, modificar el Real Decreto que regula las atribuciones de los titulados, promover la formación profesional dual y facilitar, mientras estas medidas no den resultado, la contratación de tripulantes extranjeros.
Respecto a la obligación de desembarque, además de solicitar una aplicación "ordenada y razonable" que evite el amarre por falta de cuotas y asegurar los mecanismos de flexibilidad adoptados en España y la Unión Europea, cree "imprescindible" crear un Registro de Posibilidades de Pesca para ofrecer seguridad jurídica a empresas y entidades financieras.
También solicita reconocer a las Organizaciones de Productores Pesqueros (OPP) como titulares de las posibilidades de pesca asignadas a los buques pertenecientes a estas organizaciones.
Cepesca, a pesar de la incertidumbre existente, cree necesario abordar juntamente con la administración las posibles consecuencias del peor de los escenarios del Brexit. En este sentido, considera fundamental la puesta de planes de contingencia y preparar las futuras negociaciones con el Reino Unido que garanticen un equilibrio entre el acceso a las aguas y a los mercados.
Cepesca también aboga por arbitrar medidas para paliar la competencia desleal que ocasiona la entrada en Europa de productos provenientes de flotas con menores niveles de exigencia que los fijados para su propia flota, cuando no de pesca ilegal. Así, defiende la aplicación "estricta" del Reglamento de lucha contra la pesca ilegal, evitando la entrada de pescado ilegal en nuestros mercados y conceder beneficios fiscales y sociales a la flota española.
