MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
Asociaciones Familiares discrepan sobre las consecuencias del acuerdo alcanzado en el Congreso en la tramitación del proyecto de ley de Registro Civil por el que será un funcionario del Registro Civil quien decida el orden de los apellidos en el caso de que los padres no sean capaces de ponerse de acuerdo en un plazo de tres días.
En declaraciones a Europa Press, el presidente del Instituto de Política Familiar, Eduardo Hertfelder, ha calificado como "una auténtica tomadura de pelo" que el orden de los apellidos lo decida el funcionario y ha explicado que lo que se está haciendo es que "sea el Estado el que tome posesión de todas las cosas. Así, ha apuntado que éste "es un pasito más al dominio del Estado a la hora de usurpar los derechos de los padres". Además, ha criticado que "lo que podría ser un chiste de mal gusto se convierte en una realidad".
Por su parte, el director del Foro Español de la Familia, Ignacio García, ha asegurado que "no les parece que sea motivo de controversia". En este sentido, ha recordado que "realmente el orden de los apellidos fue desde su principio un criterio administrativo como podía ser otro cualquiera". Por ello, cree que "no debe haber política ni siquiera controversia por decisiones de este tipo". "Creemos únicamente que debe estar muy claro para que todo el mundo sepa a que atenerse", ha concluido.
Por otro lado, el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, ha apuntado que "se trata de una medida absurda, que no soluciona nada y crea un problema hasta ahora inexistente" y ha indicado que "no es lógico ni responde a la realidad pensar que el funcionario del Registro esté más interesado en el bien del menor que los propios padres en la inmensísima mayoría de los casos".
Igualmente, ha señalado que la reforma del Código Civil "avanza hacia la destrucción de la familia como institución jurídica relevante" y pide a los Grupos Parlamentarios de la oposición que "varíen radicalmente en el Senado y en el Pleno del Congreso el apoyo prestado a esta reforma en la Comisión de Justicia".
A su juicio, "supone un ataque frontal a la institución familiar, al eliminar el Libro de Familia, un instrumento fundamental para identificar para identificar a la familia como una unidad jurídicamente relevante". Además, considera que el hecho de sustituir este documento por el llamado Código Personal "aísla al individuo frente al Estado y contribuye a la eliminación de los vínculos fundamentales que sostienen la sociedad".
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