Archivo - La presidenta de la FELGTBI+, Uge Sangil. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
Colectivos LGTBI, de personas sin hogar, migrantes, gitanas y con discapacidad se han unido este viernes, a propuesta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) para alcanzar "un pacto social" y reclamar "un pacto de Estado contra los delitos de odio contra grupos vulnerables".
"Este es un primer paso para que España siga siendo el lugar de respeto y diversidad que siempre ha sido, donde toda la ciudadanía podamos vivir sin riesgo y sin miedo", ha declarado la presidenta de la FELGTBI+, Uge Sangil, en una rueda de prensa este viernes, tras reunirse los diferentes colectivos vulnerables en una primera reunión para sentar las bases de este acuerdo.
Los participantes en la reunión también han pedido que "se aceleren" tanto la ley trans y lgtbi como la de igualdad de trato y no discriminación "para combatir la lacra del odio". "No podemos dormirnos porque los discursos de odio no solo están en la calle, ya están en las instituciones y contra eso tenemos que combatir", ha remarcado Sangil.
En concreto, este viernes han creado una mesa operativa para elaborar el documento que será la base del pacto social y que esperan tener terminado en seis meses. Asimismo, seguirán trabajando desde la mesa promotora y sumando a otros colectivos que también sufran discriminación.
En concreto, han estado presentes en esta primera mesa: la fundación Triángulo, ONCE, el Comité Español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), la fundación Secretariado Gitano, Red ACOGE, la coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA), Hogar Sí, LGTBI+, CCOO, UGT, el Consejo de la Juventud de España, la dirección general de diversidad sexual, la dirección general de Igualdad de Trato y diversidad étnico racial --dependientes del Ministerio de Igualdad--, la oficina de delitos odio del Ministerio del Interior, equo, Más País, Ciudadanos, Unidas Podemos y PSOE.
La directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti García Rodrigo ha subrayado que esta mesa "tiene que combatir la lacra de los discursos de odio, cuyo incremento debilita la democracia y empobrece a la sociedad". Además, ha asegurado que desde el Ministerio de Igualdad están "empeñadas en agilizar" la tramitación de la "imprescindible" Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las personas Trans y para la Garantía de Derechos de las personas LGTBI.
CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA LEY CONTRA EL RACISMO
En la misma línea, la directora general para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho, ha afirmado que apoyarán todas las iniciativas que se pongan en marcha para luchar contra los discursos de odio y ha indicado que "en breve" se pondrá en marcha la consulta pública de la Ley contra el Racismo, "para que todas las organizaciones y sociedad puedan hacer sus aportaciones".
Por su parte, los sindicatos UTG y CCOO han advertido de la situación "dramática" de discriminación que sufren las personas LGTBI y otros colectivos vulnerables en el ámbito del empleo.
La adjunta a la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, Diana García, ha agradecido la iniciativa de este pacto social y ha manifestado su "preocupación" por la "normalización del discurso de odio" que "constituye una agresión directa".
Para el responsable confederal del área LGTBI de UGT, Toño Abad, "en el ámbito del empleo se vive una situación dramática", tanto las personas LGTBI como aquellas que sufren algún tipo de discriminación por otros motivos. En concreto, sobre las personas LGTBI, ha precisado que el 80% de las personas que han consultado tienen miedo a revelar su orientación sexual en el empleo y un 40% de personas trans reconocen haber sido rechazadas en una entrevista de trabajo.
También ha intervenido el vicepresidente de la fundación Triángulo, Raúl González, quien ha destacado la importancia de este "impulso coordinado" desde las organizaciones sociales para combatir la aporofobia, el racismo, la xenofobia y la lgtbifobia; y Oliver Marcos, de CESIDA, quien ha subrayado que ya es necesario acabar con "40 años de discriminación, de delitos de odio, de insultos y de muchísimas barreras" a las personas con VIH.
ENFOQUE NO SOLO PUNITIVO SINO PREVENTIVO
Además, desde el Consejo de la Juventud de España, su vicepresidenta, Margarita Guerrero, ha destacado que con esta unión "se sitúa en agenda la necesidad de hacer un frente común para combatir los delitos de odio que atentan contra los derechos humanos" y ha apelado a las administraciones a que este pacto social termine convirtiéndose en un pacto de Estado "no solo con enfoque punitivo sino preventivo".
Igualmente, Santiago Sanz, de Red Acoge, que trabaja con el colectivo de personas migrantes, ha destacado que este pacto es "una oportunidad brutal de luchar de manera coordinada" contra el odio y espera "que se traduzca en el impulso de iniciativas legislativas" y en "la lucha contra la impunidad que tienen los emisores de discursos de odio", algo que les "desgarra".
También ha insistido en la necesidad de ese impulso legislativo la directora del departamento de Igualdad y Lucha contra la Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, Cristina de la Serna, quien ha mostrado su deseo de que este pacto social "inspire a las fuerzas políticas" en cuanto a la "capacidad de consenso".
