PLENA INCLUSIÓN
MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
Familiares y personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Plena inclusión han entregado este viernes 17 de mayo en la sede de la Presidencia del Gobierno un total de 25.000 cartas solicitando unas condiciones de vida dignas.
Según ha informado el colectivo, que representa alrededor de 470.000 personas, exige que las Administraciones Públicas adopten medidas económicas que les aseguren "un nivel de protección social y el acceso a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y en igualdad de condiciones con las demás familias".
En este sentido, Plena inclusión ha denunciado que parte de una "situación crítica" y ha detallado que la renta es un 25% más baja en estos hogares que en el resto; la tasa de actividad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo es, según el Instituto Nacional de Estadística, 46 puntos más baja que la de la población general (78% frente al 32%) y la de empleo es un 43% más baja (62,8%, frente al 20%).
"Desde Plena inclusión queremos lanzarle un reto al nuevo Gobierno para que garantice condiciones de vida más equitativas y dignas para las familias con personas con discapacidad intelectual", ha explicado el vicepresidente de Plena inclusión España, Juan Pérez.
La entidad ha destacado que estas personas y sus familias afrontan un "sobreesfuerzo económico originado por la necesidad de apoyos y la pérdida de oportunidades, cuantificado en 24.237 euros anuales de media". En el caso de personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo, este coste asciende a 47.129 euros, según ha subrayado.
"En la mayoría de los casos las madres de personas con discapacidad intelectual tienen que sacrificar su carrera profesional porque tienen que hacerse cargo de sus hijos", ha declarado la representante de familias de Plena inclusión Castilla-La Mancha, María del Mar Azaña.
DESINCENTIVA EL ACCESO AL EMPLEO Y LA AUTONOMÍA
A juicio de Plena inclusión, el actual sistema de prestaciones, "no sólo no sirve para compensar este sobreesfuerzo, sino que además desincentiva el acceso al empleo y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo".
En concreto, ha argumentado que la prestación por tener un hijo a cargo con entre un 33 y un 65% de discapacidad intelectual es de 1.000 euros anuales para familias con ingresos bajos y ha destacado que la pensión no contributiva por invalidez --que se concede a personas con discapacidad con más del 65% de discapacidad-, supone una ayuda de entre 107,25 y 429,17 euros al mes. "Si hablamos de rentas mínimas garantizadas o de inserción social su umbral mínimo suele rondar los 430 euros al mes", ha apostillado.
Por otro lado, la organización ha denunciado que las políticas destinadas a las rentas mínimas "se hacen desde un tratamiento generalizado de la población, sin discriminar situaciones y en el caso de existir un tratamiento diferenciado es muy marginal y de escasa incidencia en la población, por ejemplo, para menores de 25 años con hijos de discapacidad a su cargo".
Igualmente, ha criticado "la actual dificultad de compatibilizar prestaciones y rentas de trabajo, que hace que a muchas personas con discapacidad intelectual no les compense trabajar". Así, ha explicado que estas personas "van a obtener salarios muy moderados (la media se sitúa en 11.764 euros brutos anuales en 2016, la mitad del de las personas sin discapacidad) y parte de lo que ingresan se les va a detraer de las prestaciones económicas que tienen concedidas".
En su estudio 'Todos Somos Todos' sobre la situación de familias de personas con grandes necesidades de apoyo, Plena inclusión también atribuye mayores problemas de salud, "con sus costes derivados para el sistema", en las cuidadoras, sobre todo madres.
En este contexto, en el inicio de la nueva Legislatura y coincidiendo con la celebración del Día de la Familia el 15 de mayo, Plena inclusión ha reclamado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "este nuevo curso político no sea una nueva oportunidad perdida para la mejora de las condiciones de vida de estas familias".
Finalmente, pide el acceso a la renta mínima de las personas con discapacidad intelectual considerándolas una unidad de convivencia especial; establecer una garantía de ingreso mínimo específico; aumentar la cuantía de la prestación por hijo/a a cargo; y que exista una adecuada compatibilidad entre prestaciones y el desempeño de un trabajo.
