MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
Esquerra Republicana (ERC) ha reclamado una actualización de la Ley de Protección a las familias que, según denuncian, en la actualidad no incluye algunas de las nuevas estructuras familiares que existen en la sociedad, como las monoparentales, aquellas que cuentan con cónyuges separados o familias reconstituidas.
A través de una proposición no de ley, la formación independentista denuncia una de las situaciones que provoca la fata de actualización de esta normativa, como que cuando uno de los cónyuges separado solicita la tramitación del carné de familia numerosa, imposibilita automáticamente al otro padre o madre a que pueda hacerlo. Esto se debe, denuncia ERC, a una "laguna legal" que "provoca enormes distorsiones y problemáticas" en el ámbito doméstico que "afectan por igual a progenitores e hijos", que se ven "limitados en derechos".
"En este aspecto, hay que tener presente que la ley reguladora es del año 2003 y es a partir del año 2010 cuando se ha empezado a considerar la custodia compartida como un modelo adecuado y más igualitario", apunta el partido en el texto registrado, recogido por Europa Press. "La consecuencia es la falta de previsión y la dificultad de aplicación de la ley si se quieren evitar desigualdades y discriminaciones", apunta.
Es por eso, que ERC pide tomar las medidas necesarias para garantizar la no discriminación de las familias numerosas con padres separados y garantizar los derechos de hijos y padres. Entre sus propuestas, está la modificación de los artículos necesarios para permitir que un niño esté a la vez en dos títulos (en el caso de que los padres estén separados y/o con familias reconstituidas, así como para permitir que se elimine el criterio de convivencia como el que prevalece ahora para otorgar el título en caso de no acuerdo de los padres sobre la "titularidad" del hijo.
Además, propone modificar o suprimir la disposición de la ley que determina que un hijo de más de 21 años con ingresos queda fuera del título de familia numerosa y así evitar que los hijos de esta edad que están estudiando y a la vez contribuyen a la economía familiar, muchas veces de forma precaria, sean excluidos del sistema y en consecuencia se vean penalizadas las familias más vulnerables.
