ALICANTE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
La vecina de Benejúzar (Alicante) acusada de quemar al violador de su hija está "tranquila" después de que la Audiencia Provincial haya suspendido su ingreso en prisión, previsto para este jueves, a la espera de que el Ministerio de Justicia resuelva la tramitación de una nueva petición de indulto solicitada a principios de este mes por 21 colectivos sociales.
El abogado de la afectada, Joaquín Galant, ha explicado a Europa Press que su representada está "tranquila" tras conocer la suspensión de su ingreso en la cárcel, en cumplimiento de una pena de cinco años y medio, si bien ha apuntado que la familia "está afectada por la incertidumbre" vivida hasta el momento ante la posibilidad de entrar en prisión.
Galant ha señalado que la decisión de la Audiencia alicantina ha sido recibida con "una explosión de alegría" por la familia, y ha resaltado que a la vista de la situación el Consejo de Ministros "tiene que dar el indulto de una forma o de otra". "Debe recoger el sentir de la calle", ha agregado, en alusión a la petición presentada por más de una veintena de colectivos sociales.
Igualmente, ha subrayado que se están produciendo varias recogidas de firmas tanto en la comarca alicantina de la Vega Baja y en Murcia, como a través de las redes sociales, para sumarlas al expediente de solicitud de indulto que tramita el Gobierno, por lo que ha confiado en que la medida de gracia sea aprobada "cuanto antes".
Asimismo, ha indicado que la mujer estaba preparando su traslado a prisión, y ha recalcado que "incluso" tenía definido el tratamiento a seguir en el centro penitenciario para tratar la enfermedad mental que padece, ya que "no quería estar" en un psiquiátrico.
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES
En un auto de la sección séptima de la Audiencia, la sala suspende la condena en atención a las circunstancias personales de la acusada, las cuales, a su juicio, deberán ser "valoradas y ponderadas". En este sentido, resalta su "falta de dedicación habitual a actividades criminales", así como que carece de antecedentes policiales y penales, al tiempo que tiene que atender a la familia, "en concreto a su esposo, que padece una grave enfermedad desde hace años".
"En consecuencia, tanto antes como desde que ocurrieron los hechos que ahora se enjuician, se trata de una vida sin delitos, con capacidad para subvenir a sus necesidades, precisamente el objetivo perseguido por la rehabilitación como finalidad de la pena", específica la resolución.
