MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, recibirá hoy al ministro de Políticas Comunitarias italiano, Andrea Ronchi, quien le informará de la política que tiene el Gobierno de Silvio Berlusconi en materia de inmigración justo después de las medidas aprobadas ayer en Nápoles y tras la polémica suscitada por las declaraciones críticas de algunos miembros del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
López Garrido recibirá a mediodía a su homólogo italiano en su despacho de la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en Torres Agora y a continuación, los dos ofrecerán una rueda de prensa, según informó ayer la Dirección General de Comunicación Exterior (DGCE) en un comunicado.
Según Exteriores, el principal tema a abordar en la reunión será la política europea de inmigración, como ya había adelantado el propio Gobierno italiano al anunciar su decisión de enviar a Ronchi a Madrid a "ilustrar" al Ejecutivo español "lo que no conoce" sobre la política en esta materia de Italia, en palabras de su ministro de Exteriores, Franco Frattini.
Además, el comunicado subraya que "este encuentro servirá para reforzar la postura que ambos gobiernos mantienen sobre la necesidad de una política común en este ámbito". En declaraciones a Europa Press esta semana, López Garrido aseguró que "no existe problema entre los dos gobiernos" e insistió en que tanto España como Italia "coincidimos en que la inmigración tiene que estar regulada por leyes, tanto la lícita como la ilícita y estamos de acuerdo en la necesidad de una política europea común" en la materia.
El secretario de Estado también había indicado que el Gobierno italiano había "descartado adoptar una ley que convierta la inmigración clandestina en delito en el Código Penal". Sin embargo, el Ejecutivo de Silvio Berlusconi aprobó hoy durante su primer consejo de ministros celebrado en Nápoles (sur) un proyecto de ley que define la inmigración clandestina como un delito, según anunció Frattini.
Asimismo, el Gobierno de centro-derecha de Berlusconi, que cuenta con una amplia mayoría en ambas cámaras del Parlamento donde deberá ratificarse la medida, también aprobó un decreto ley de inmediata aplicación en el que se agravan las penas a los 'sin papeles' que delinquen, entre otras cosas.
Los cruces de declaraciones comenzaron el viernes a raíz de unas palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y que posteriormente aclaró, asegurando que se trataba de una condena a los "incidentes concretos" relacionados con "la violencia, el racismo y la xenofobia" que tuvieron lugar la semana pasada en Italia contra algunas comunidades de gitanos.
Durante el fin de semana, se sumaron a las críticas hacia la política del Gobierno italiano y su intención de criminalizar la inmigración ilegal el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, y la ministra de Igualdad, Bibiana Aido, lo que llevó a Frattini a anunciar el lunes a Ronchi con el fin de zanjar la polémica tras considerar que las declaraciones de los ministros españoles, "además de ser desagradables son fruto de una falta de conocimiento de las iniciativas del Gobierno Berlusconi sobre esta materia".
Pese a ello, Corbacho volvió ayer a la carga y afirmó que las políticas de inmigración del Gobierno de Italia "ponen más el acento en discriminar al diferente que en gobernar el fenómeno". "Quieren criminalizar al diferente y yo asumo la responsabilidad de gobernar el fenómeno" de la inmigración, afirmó. Para el ministro, "un inmigrante ilegal sólo puede tener un destino, el retorno a su país, pero por medio hay que cumplir todos los requisitos de respeto a los Derechos Humanos".
